El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha afirmado hoy que para la elección de Cuenca como sede del Centro Nacional de Instituciones Penitenciarias ha sido “decisiva” la “predisposición conjunta” de Ayuntamiento, Diputación Provincial, Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades. “Lo más importante es que la disposición de todas las instituciones ha sido de absoluta entrega y de poner en servicio de la institución penitenciaria los recursos necesarios para hacer un centro acorde con la categoría que tiene en su conjunto el sistema penitenciario en España”, ha declarado.
Ortiz ha visitado este viernes algunos de los espacios relacionados con la futura sede, como la residencia María de Molina y las instalaciones de la UCLM, junto con el alcalde, Darío Dolz; el concejal del equipo de Gobierno, Isidoro Gómez Cavero; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; la delegada provincial de la Junta de Comunidades, María Ángeles Martínez; el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana; el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos; y el diputado nacional Luis Carlos Sahuquillo, uniéndose en el Campus el vicerrector, César Sánchez Meléndez.
El primer edil ha agradecido a Ortiz su visita y ha enfatizado cómo quedará marcado en su memoria el momento en el que anunció en sede parlamentaria que Cuenca era la ciudad elegida para acoger el Centro Nacional de Instituciones Penitenciarias.
El director general de este ámbito gubernamental ha señalado que en el primer trimestre de 2022 llegará la primera promoción de alumnos, conformada por unas 1.100 personas según la más reciente Oferta de Empleo Público. Según ha explicado, serán unas 900 del cuerpo de ayudantes y en torno a 200 para el cuerpo técnico superior de juristas, psicólogos… “De momento estamos planificando esos 900 alumnos que vendrán de golpe, a los que dividiremos en 450 por la mañana y otros 450 por la tarde en aulas de entre 40 y 50 alumnos según disponibilidad”, ha indicado.
A esto hay que sumar la formación continua a lo largo de todo el año de los 24.000 funcionarios que forman parte de la institución, “cursos de unos 30 o 35 profesionales que vienen a formarse, para lo cual la residencia María de Molina es susceptible de utilizarse no sólo como alojamiento sino también como aulas formativas para esos cursos durante tres o cuatro días”.
Previamente, ha anunciado que en el mes de octubre tienen ya “la primera actividad programada y cerrada”, concretamente la reunión de directores de centros penitenciarios y el personal del centro directivo de Madrid, que reunirá en la ciudad a unas 110 personas. A esto hay que sumar las 50 matrículas que ha facilitado la UCLM para que funcionarios de prisiones participen en un Curso de Derecho Penitenciario.
En principio, tal y como se ha venido informando, se utilizarán los espacios de la UCLM hasta que se ejecute la reforma en el colegio San Julián, que implica un acuerdo del Consejo de Ministros. Dicha actuación se enmarca en el plan que Instituciones Penitenciarias tiene para la amortización y creación de centros, ha explicado Ortiz, y que ejecuta la entidad pública Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), “que será la encargada de hacer la reforma del colegio San Julián”.
Sobre este espacio, Ortiz ha apuntado que “es una edificación hecha con una estructura que nos puede servir”, de manera que las obras irán encaminadas “a replicar algunas instalaciones que es necesario tener en cuenta para la formación, como por ejemplo un módulo de una prisión”.