El Tribunal de Cuentas solicita a los alcaldes de la región que pongan en funcionamiento los inmuebles que tengan sin uso

El Tribunal de Cuentas ha apremiado a los alcaldes de Castilla-La Mancha a poner en funcionamiento los inmuebles sin uso en sus municipios, enajenarlos o modificar su situación de forma que no se prolongue aún más en el tiempo la inmovilización de los recursos empleados y la depreciación de los bienes.

Esta es una de las recomendaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas a los ayuntamientos en el informe realizado, a iniciativa de la Institución, y aprobado por el pleno de la misma sobre la fiscalización de inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las entidades locales de Castilla-La Mancha, del que ha informado en un comunicado.

Asimismo, el organismo fiscalizador ha aconsejado a los responsables de las entidades locales a destinar los medios necesarios para dotarse de inventarios de bienes, que contengan toda la información precisa debidamente actualizada.

En concreto, la fiscalización ha analizado 75 entidades locales de más de 5.000 habitantes de Castilla-La Mancha, con un ámbito temporal que abarca desde el 1 de enero de 2017 hasta 30 de junio de 2019.

Entre las conclusiones recogidas en el informe, en relación con los inventarios de bienes de los ayuntamientos, la fiscalización señala que no han cumplido su función como instrumento fundamental para el control y la gestión de su patrimonio, al no disponer las entidades de tal instrumento o encontrarse desactualizado en la mayor parte de las mismas y no contener la totalidad de la información exigida.

En cuanto a los inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad, el Tribunal de Cuentas indica que las incorporaciones de los inmuebles al patrimonio de los ayuntamientos se produjeron, en muchas ocasiones, sin enmarcarlas en proyectos en los que estuviesen debidamente determinadas las necesidades públicas a satisfacer y los medios a emplear.

De hecho, ha especificado que el 33 % de los inmuebles que estaban sin uso en el periodo fiscalizado no se habían utilizado nunca, con independencia de la fecha de incorporación al patrimonio municipal, así como que del 35 % de los inmuebles los ayuntamientos no han podido determinar cuándo se paralizó su actividad.

También ha apuntado que los ayuntamientos titulares de la mayor parte de los inmuebles sin uso no han adoptado medidas ni disponían de planes o previsiones para ponerlos en funcionamiento, enajenarlos o modificar su situación, al tiempo que ha constado la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad y en la contabilidad de los ayuntamientos.

Por otro lado, en lo que respecta a las obras paralizadas, el órgano fiscalizador ha identificado un total de nueve y en siete de ellas los contratos se formalizaron antes del 31 de diciembre de 2011.

Los recursos invertidos y paralizados ascienden a más de 37 millones de euros, la mayor parte de las paralizaciones tiene su origen en la falta de recursos de los ayuntamientos para continuar con la ejecución de las obras, y el periodo medio de paralización ha sido de más de siete años y medio.

Además, de las nueve obras paralizadas, a la finalización de los trabajos de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas no se había reanudado la ejecución de ninguna de ellas.