Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha valorado como “muy positiva” la medida anunciada por el Ministerio de Consumo sobre la prohibición de los teléfonos tipo “902” que ha anunciado el ministro Alberto Garzón. Una medida “de justicia social que pone fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del COVID por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad.”
Aunque nadie duda de que las actuales circunstancias agravan esta situación, lo cierto es que esta prohibición de los números de tarificación especial era una necesidad histórica y una reclamación continúa de las asociaciones de consumidores. “Los servicios de atención al cliente no pueden suponer un coste para el bolsillo de consumidores y consumidoras y un negocio para unas pocas empresas.”
En resumen, “la atención al cliente debe ser gratuita” porque es un derecho básico del consumidor y no se le pueden poner barreras, en este caso económicas, a un derecho.