La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación NAVIEROS, ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. En la operación han sido detenidas en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil. Asimismo, se ha investigado a otra más en Valencia.
Se han practicado cuatro registros domiciliarios donde se han incautado 115.000€, 1.200 kilogramos de elementos precursores para la elaboración y corte de la cocaína, armas blancas, cocaína, proyectiles del calibre 44, documentación relativa al tráfico de drogas y autorizaciones falsas para poder desplazarse durante el pasado Estado de Alarma.
La operación se inició a raíz de la operación Mascaraque, desarrollada el pasado año donde 5 personas fueron detenidas por delitos de tráfico de drogas y se incautaron de 26 kilogramos de cocaína que habían ocultado en un cargamento de piñas procedentes de República Dominicana.
Fruto de la actuación contra este grupo delictivo, los agentes llegaron hasta otra organización que actuaba de una forma paralela y que estaba establecida en la localidad de Huerta de Valdecarábanos.
Por tal motivo, los agentes centraron la investigación en un hombre con domicilio en esta localidad, el cual utilizaba empresas a su nombre y otras administradas supuestamente por personas con las que mantenía amistad ya que realmente eran controladas por él. De esta forma, realizaba importaciones de cocaína oculta en mercancía legal y conseguir de esta manera el blanqueo de capitales.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que el principal sospechoso utilizaba a personas que trabajaban para él, para ingresar dinero en efectivo en estas empresas y posteriormente transferirlo a Colombia o Ecuador simulando pagos de la mercancía legal que adquiría, pero con un precio hasta 5 veces más alto del de mercado.
Fruto de la cooperación internacional, el pasado año la Policía Nacional de Ecuador intervino un cargamento de cáscara de cacao que ocultaba más de 32 kilogramos de cocaína y que tenía como destino una empresa que este hombre administraba. Para evitar que se le relacionara directamente con este hecho, se desvinculó rápidamente de esta empresa ante notario utilizando la identidad de otra persona.
Durante esta investigación los agentes identificaron, en el Puerto de Valencia, a la persona que colaboraba con él de forma estrecha, el cual tenía una doble misión: emitía facturas falsas de las supuestas compra-ventas de la mercancía importada por parte de las empresas investigadas para justificar los pagos tan elevados y por otro lado buscaba compradores para dicho género a precios muy bajos para poder deshacerse de ello rápidamente.
Además de estos ilícitos, el investigado controlaba, a través de un familiar, el menudeo de venta de cocaína en la comarca de Ocaña, donde tenía a un grupo de personas que vendía una media de 500 gramos de cocaína semanales en las localidad de Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Ciruelos, Dos Barrios y Ontígola. El abastecimiento de la droga lo realizaban 2 personas semanalmente, y el cobro lo hacía personalmente el principal investigado.
Una vez analizada toda la información obtenida se procedió a explotar la operación donde se detuvo al principal sospechoso en el momento que se dirigía al lugar de ocultación de la droga, un garaje en la localidad de Huerta de Valdecarábanos. Seguidamente, se llevó a cabo cuatro registros, tres de ellos en la localidad de Huerta de Valdecarábanos y uno en Yepes, donde se detuvo a otras tres personas.
Los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y falsificación de documentos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ocaña (Toledo).