Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los residentes en el parque público de vivienda y que se han visto afectados por el COVID19 un sistema de moratorias en el pago de sus recibos.
Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha dado cuenta de la Orden y las dos resoluciones que de las que hoy ha sido informado el Consejo de Gobierno, en las que se regulan estos sistemas de protección para los colectivos más vulnerables.
Las iniciativas normativas, que se toman apenas un día después de que el Gobierno de España haya publicado medidas extraordinarias en torno al alquiler de viviendas, “se establecen para dar una respuesta a aquellas familias que puedan pasar dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria y también de las dificultades económicas que puedan surgir a raíz de las mismas”, tal y como ha destacado Hernando.
Orden de medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional
Así, por una parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una orden de la Consejería de Fomento de medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional afectados por el COVID-19, en el marco de la normativa estatal, que ofrece una moratoria de un máximo de cuatro mensualidades, que tendrán que renovarse mes a mes, del pago de la renta que se podrán fraccionar hasta en tres años.
De esta manera, el importe de las mensualidades que resulten aplazadas será fraccionado mensualmente en un periodo de tres años desde la mensualidad siguiente a la fecha de finalización en la que finaliza la moratoria concedida.
El consejero de Fomento ha explicado que para ser beneficiario de estas ayudas las personas deberán acreditar que han pasado a una situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados. En caso de ser empresario deberán acreditar el cese de actividad, una pérdida sustancial de ingresos u otras circunstancias similares. Fruto de esta nueva situación laboral, podrán acogerse a esta ayuda si la renta arrendaticia, sumada a los gastos y suministros básicos fuera superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
El beneficiario tendrá que aportar una serie de documentos que certifiquen que reúnen las condiciones y en su defecto una declaración responsable que acredite esta circunstancia que después se tendrá que cotejar.
Además, Hernando ha explicado que se va a poner en marcha un simulador de ayudas a través de la página web de vivienda (https://vivienda.castillalamancha.es/) en la que se podrá disponer también del formulario de solicitud.
Resolución de medidas de protección sanitaria extraordinaria en el cobro de recibos
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una resolución que ofrece un aplazamiento del pago de las rentas de alquiler a las personas que no tuvieran domiciliado su recibo a través del banco a fecha del 14 de marzo, fecha en la que se declaró el estado de alarma.
Una medida adicional hacia aquellas personas más vulnerables, ya que como recoge la Orden “es obligado minimizar los desplazamientos de la población y adoptar las medidas necesarias para ello, en el ámbito de gestión del patrimonio de vivienda de la Consejería de Fomento”.
En este sentido, Hernando ha destacado que estas personas que suman aproximadamente 1.500, “principalmente mayores, que son las principales víctimas sanitariamente hablando del virus del COVID-19; y por ese motivo queremos poner en marcha un sistema de aplazamientos para que una vez se levante el estado de alarma se pueda fraccionar el pago del alquiler a lo largo del 2020”.
Ayudas al alquiler
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado una resolución para continuar pagando el último trimestre de las ayudas del alquiler del año 2019 y la resolución definitiva de estas ayudas para el año 2020. Estas últimas suponen una inversión cercana a los 9,2 millones de euros que beneficiarán a alrededor de 7.000 familias.
En este sentido, el consejero de Fomento ha explicado que “vamos a dar por buenas las solicitudes, y aquella documentación que falte por aportar, se tendrá que hacer una vez se levante el estado de alarma y si no fuera verídica se pedirá que se devuelva, pero tenemos que agilizar estas ayudas”
Para finalizar, Hernando ha hecho referencia a la posibilidad de que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inyecte, dentro del Plan de Vivienda, 100 millones de euros a las comunidades autónomas, de los cuales Castilla-La Mancha tendría que recibir en torno a cuatro millones. En este sentido, el consejero de Fomento ha asegurado que “estamos en conversaciones con el Ministerio para que nos expliquen cómo va a proceder con ese dinero porque queremos ayudar a las familias para que salgan lo antes posible de situaciones de dificultad”.