El Consejo de Gobierno de hoy martes ha aprobado una inversión de cerca de 5 millones de euros para garantizar el correcto funcionamiento de 180 depuradoras de Castilla-La Mancha, una medida que beneficiará a más de 430.000 habitantes y que permitirá que las aguas residuales de 192 municipios de las cinco provincias se devuelvan limpias a los ríos y a las zonas húmedas de las cuencas del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir.
Según ha explicado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se trata de prorrogar la labor que se viene desarrollando en estas instalaciones por las empresas contratadas para este fin hasta que se publique un nuevo contrato público por parte de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM).
Un paso más que se adopta dentro de la “sensibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, no solo para preservar nuestro medio ambiente haciendo economía circular del agua” sino también “para asegurar las condiciones sanitarias de los ciudadanos de la región”, ha dicho.
Estas 180 instalaciones, ubicadas en el medio rural, están depurando en la actualidad casi 28 hectómetros cúbicos al año. Un volumen que, tras pasar por las instalaciones y el correcto tratamiento, permite verterlas al medio natural ya depuradas.
El consejero ha recordado, además, la publicación de la Orden del Ministerio de Sanidad en el BOE el pasado 24 de marzo, por la que se considera a los operadores de tratamiento de aguas residuales como un servicio público esencial que, por lo tanto, tiene que seguir siendo prestado incluso en la situación excepcional actual provocada por el COVID19.
La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, a través de Infraestructuras del Agua, adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, está gestionando y manteniendo en la región 234 estaciones depuradoras de aguas residuales para tratar adecuadamente los vertidos de 266 poblaciones de Castilla-La Mancha, con un total de más de 460.000 habitantes beneficiados.