El 19 de julio de este año, Martínez Chana firmaba un decreto en el que se cesaba al que en ese momento, era el conductor de la Presidencia de la Diputación. En este decreto, se le asignaba a este funcionario un nuevo puesto, dentro del parque móvil de la Diputación, y la decisión se basaba en un Real Decreto que recoge la “libre designación con convocatoria pública consistente en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”.
No conforme con esta decisión, el trabajador interpuso ante el Juzgado número 1 de Cuenca un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación Provincial de Cuenca, solicitando que este cese no se llevara a efecto, dada la falta de motivación existente, por parte del presidente de institución provincial, para ello.
Así lo ha entendido el magistrado de este caso que considera que se ha producido el cese del conductor de la Presidencia en el que “nada se alude a la pérdida de confianza, a la falta de idoneidad profesional del mismo para el desempeño del puesto para el que fue nombrado, al contrario, ha desempeñado las funciones de dicho puesto con lealtad a la Diputación y al presidente, obedeciendo sus órdenes y las del jefe del parque móvil, con quienes siempre ha colaborado, sin haber tenido jamás ningún problema profesional o personal con ellos o con sus compañeros”, explica la sentencia.
En este mismo escrito se recoge que “no puede ser aceptado desde la perspectiva judicial” que un día después de la firma del decreto del cese, por parte de Chana, un compañero del trabajador pidiera las llaves del vehículo asignado a Presidencia al jefe del parque, “pues dicho cambio no obedece a motivos de falta de confianza profesional, de falta de idoneidad del recurrente para el desempeño del puesto para el que fue nombrado en su momento, sino de un cambio meramente personal, por el cambio del presidente de la Diputación, algo que no puede ser aceptado de acuerdo con la doctrina establecida a tal respecto por la Sala de Albacete y seguida por este Juzgado”, continúa la sentencia, “dejando sin efecto el cese, con reposición a su puesto de trabajo con todas las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento, tanto desde el punto de vista económico como administrativo”, concluye.
El Grupo Popular en la Diputación considera que este revés judicial para el actual presidente, Martínez Chana, no es más que un ejemplo de su falta de planificación y del conocimiento del funcionamiento interno de la institución y, por supuesto, “una falta de respeto a la profesionalidad de un funcionario de la casa al querer relevarlo de sus funciones simplemente para favorecer a otro y sin motivación alguna”. La sentencia es firme y no cabe recurso alguno por parte de la institución provincial.