Unidas Podemos exigirá a la Junta una moratoria en la instalación de nuevas macrogranjas en la provincia de Cuenca

La medida se anuncia tras la reunión mantenida la semana pasada entre el candidato al congreso por Cuenca, Fernando Garrote, y la plataforma ruralista ‘Pueblos Vivos’. En dicha reunión, ‘Pueblos Vivos’ trasladó al candidato la necesidad de cambiar el modelo ganadero por el que llevan años apostando desde la Junta de Comunidades, situación que, a su juicio, está produciendo daños irreversibles en el medioambiente, especialmente sobre los recursos hídricos subterráneos de la provincia. Desde Unidas Podemos les comunicaron su intención de iniciar una campaña a nivel provincial para asentar una regulación local específica sobre el vertido de purines de explotaciones ganaderas intensivas, fuente de contaminación difusa por nitratos en los acuíferos. Además de solicitar su asesoramiento en la materia, también les comunicaron que en las mociones se incluirá una solicitud formal a la JCCM para aplicar una moratoria en la instalación de nuevas macrogranjas hasta que se haya realizado un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva en Castilla-La Mancha que pueda analizar, evaluar y gestionar correctamente los impactos derivados de dicha actividad.

El candidato de UP por la provincia de Cuenca ha mostrado su indignación por la “sumisión total de las administraciones socialistas” ante “las grandes corporaciones”. Según ha declarado, “el modelo por el que apuesta el PSOE de Page y Sánchez es un modelo agotado, que sólo trae riqueza para unos pocos, pero reparte las consecuencias entre todos los demás”. Frente a ello, ha afirmado que desde UP están “firmemente comprometidos” con “un modelo de desarrollo que apueste por una ganadería sostenible, como la de toda la vida, y que no hipoteque el futuro de las próximas generaciones”.

Las mociones que se van a presentar buscan la creación de ordenanzas específicas para la regulación del vertido de purines en todos los municipios donde la confluencia tiene representación. Esta figura, según señalan, ya existe en algunos municipios de la provincia que han querido “blindarse” frente a la política de “los que vengan detrás que arreen”. Las normativas que se van a impulsar incluirán factores como el umbral máximo de concentración de nitrógeno, la prohibición de ciertos métodos de vertido o la regulación de los días y las distancias a núcleos urbanos en las que se podrán realizar estos vertidos. Todo ello, señalan, con el objetivo de “proteger los abundantes recursos naturales que poseemos en nuestra provincia, especialmente aquel que nos es más valioso y que se encuentra gravemente amenazado: el agua”.