El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a ASAJA Castilla-La Mancha y anula la orden 63/2017, de 3 de abril por la que se aprueba el Plan de gestión de las zonas de Especial Protección para las Aves de ambientes esteparios (ZEPA).
Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, quien ha asegurado que “las formas en las que se ha publicado la normativa no son las correctas”, y la Justicia anula la orden “por un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el Plan aprobado”.
El recurso fue interpuesto por la organización agraria en mayo de 2017, por entender que la orden perjudicaba la actividad de los agricultores y, ahora, el Plan carece de eficacia hasta que no se publique la normativa adecuadamente. Como marca textualmente la sentencia, “la validez del Plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial”.
El Tribunal Superior considera que, como alega ASAJA CLM, la normativa aprueba el Plan de Gestión remitiéndose a cuatro documentos que integran el contenido del plan, pero que no fueron publicados correctamente. Por ello, ya no hace falta tomar en consideración las dos siguientes motivaciones presentadas por la organización: que tenía que haberse publicado como Decreto y no como Orden, y que la orden no incorpora la memoria económica, ambas reconocidas por el Tribunal.
El secretario general, ha estado acompañado de la vicepresidenta, Blanca Corroto, quien ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los agricultores con explotaciones en zonas ZEPA “que no van a perder las ayudas por hectárea, puesto que se tratan de ayudas del Programa de Desarrollo Rural, de las que la sentencia no dice nada”.
Además, los dirigentes agrarios han explicado que hay otros dos recursos interpuestos por los mismos motivos, por lo que previsiblemente la sentencia sea también favorable para la organización.
A pesar de todo, han recalcado que siguen dispuestos a sentarse con la Administración regional y negociar, porque han recordado que su intención es conseguir que los usos permitidos y compatibles en estas zonas estén perfectamente delimitados y, sobre todo, que logren una armonización compatible entre las protecciones que recoge el Plan y el desarrollo socioeconómico de los municipios, de manera que no se pongan limitaciones al sistema productivo, como las plantaciones de los leñosos o los nuevos riegos.