El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha declarado este jueves que en Castilla-La Mancha “hoy somos más iguales” tras aprobarse en el Consejo de Gobierno la toma en consideración del anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, un texto que “nos va a colocar a la altura de las regiones de España y de Europa más avanzadas en protección social”.
José García Molina se ha mostrado convencido de que “la primera labor de un Gobierno es hacer sentir a la gente que vive en esta tierra que tiene protección, que está protegida para cuando llegan los malos momentos”, por eso ha afirmado que hablar de esta Ley de Garantías “es hablar de más seguridad, es hablar de más tranquilidad, es hablar de menos miedo en las personas que conformamos esta región a la hora de pensar nuestra vida cotidiana, y a la hora sobre todo también de encarar en nuestro futuro”.
La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas cumple con las obligaciones del Gobierno regional de promover una mayor igualdad social, de facilitar el pleno desarrollo individual y colectivo y de garantizar las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra región. Y tal y como ha referido la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, “la libertad social y política es la base que garantiza la libertad individual”.
Inmaculada Herranz ha coincidido en señalar en que el anteproyecto aprobado este jueves “nos coloca a la altura de las regiones más avanzadas de España y de Europa”, que explica el amplísimo consenso que ha concitado entre organizaciones sociales, sindicales, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y consejerías implicadas que han avalado unánimemente este proceso.
“Damos el paso decisivo”, ha afirmado la consejera Herranz, “hacia un nuevo modelo de protección social para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, fundamentado en un derecho a la garantía de ingresos que da prioridad a las políticas activas de empleo pero que se complementa, para quienes no tuvieran acceso, con la puesta en marcha de una renta garantizada que tendrá el estatus de derecho subjetivo”.
Inmaculada Herranz ha explicado después que para hacer efectiva la cobertura de todas las necesidades de las familias de esta región la Ley se apoya en el derecho de garantías complementarias; es decir, en el acceso priorizado a los servicios públicos de educación, vivienda, transporte y acompañamiento para la inclusión social y laboral.
Una Ley con retorno económico para la región
La aplicación real y efectiva en lo relativo al primero de los derechos, la garantía de ingresos, se dará cobertura a un total de 23.379 hogares y 92.169 beneficiarios, de los cuales 37.900 son menores de dieciocho años. En cuanto al derecho de garantías, su cobertura podría alcanzar a a 100.000 familias castellano-manchegas.
Además, la materialización de la Ley supondrá un alto retorno económico para la región, tal y como indica el Informe de Retorno Económico presentado por la Universidad de Castilla-La Mancha donde se ha previsto que por cada euro depositado en la hucha de esas familias retornan 1,43 en forma de aumento de la producción en Castilla-La Mancha. Es decir, que la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas no solo aumentará los ingresos de la ciudadanía, sino que se acompaña de efectos multiplicadores y dinamizadores directos sobre el consumo y el empleo de la región. Así, su puesta en marcha traerá consigo 1.000 nuevos empleos, un aumento de la producción de 90 millones de euros y un retorno en positivo de 2,9 millones de euros.