La Autorización de Impacto Ambiental de la granja porcina de Huerta de la Obispalía fue elaborada y publicada por el Gobierno de Cospedal

El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, ha explicado hoy que la Autorización Ambiental Integrada de la granja porcina de Huerta de la Obispalía que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fue elaborada y publicada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en agosto de 2014, y ha rechazado que en la actualidad se estén llevando a cabo “procedimientos ilegales”, como denuncia la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos.

Según Cuadrado, el Alto Tribunal de Castilla-La Mancha considera que la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental no respetó el procedimiento legal establecido en 2014, puesto que la Declaración de Impacto Ambiental de esta explotación porcina tendría que haber sido previa a la Autorización Ambiental Integrada y se publicaron juntas.

Por el contrario, ha afirmado que el actual Gobierno de Castilla-La Mancha “está cumpliendo con todos los procedimientos y aplicando escrupulosamente la normativa a la hora de autorizar los proyectos de explotación intensiva de porcina que presentan los ayuntamientos pues el objetivo del Gobierno regional es que todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias”.

Como ejemplo, se ha referido a la granja de Almendros, cuya Declaración de Impacto Ambiental se publicó el 28 de noviembre de 2017 y la Autorización Ambiental Integrada el 29 de enero de 2017, habiéndose abierto en ambos casos un periodo de alegaciones para que cualquier interesado pudiera hacer sus aportaciones al mismo.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno del Partido Popular autorizó una explotación para 35.000 cerdos en Huerta de la Obispalía. Sin embargo, las nuevas granjas porcinas de cebo que se está autorizando en la provincia de Cuenca son para unos 2.000 cerdos, mientras que las granjas de madre, que producen menos purines, son para unos 3.000.

Cuadrado ha insistido en que la Junta de Comunidades está aplicando la normativa “a rajatabla” a la hora de evaluar el impacto ambiental de las explotaciones intensivas de porcino que, por otro lado, tienen un peso importante en la economía provincial y en el empleo.

No obstante, ha señalado que si alguna localidad no quiere que se implante allí una instalación de este tipo, el Ayuntamiento puede impedirlo, denegando la licencia de actividad.