Domingo 19 de noviembre de 2017
En este sentido, Amnistía Internacional ha publicado recientemente el informe “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España” en el que se describe la falta de garantías de protección de los derechos para las personas afectadas. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, decenas de miles de personas que no podían mantenerse al día en el pago del alquiler de su vivienda han sido desalojadas. Desde 2013, se han producido 153.667 desahucios. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, 1.018 de ellos en Castilla-La Mancha, además de 26.397 desalojos hipotecarios, 1.251 en nuestra región.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España en 2012 que recopilara información estadística con vistas a identificar a las personas y grupos afectados por las medidas de austeridad. Estos datos son esenciales para contar con un diagnóstico sobre las necesidades de vivienda de la población y diseñar una estrategia en materia de vivienda que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda adecuada, priorizando los colectivos más desfavorecidos.
Sin embargo, el Gobierno no ha implementado esta recomendación y casi una década después del inicio de la crisis, sigue sin adoptar medidas orientadas a reforzar las garantías de protección del derecho a la vivienda adecuada o los derechos de las personas afectadas, especialmente aquellas en situación de marginación y discriminación. En un momento de creciente demanda de vivienda social, las autoridades han procedido a adoptar medidas regresivas sin ningún tipo de justificación, con una reducción de un 70,4% del presupuesto público español para el acceso a la vivienda y fomento de la edificación desde 2009.
España cuenta con un porcentaje de vivienda social de menos del 2% del total del parque de viviendas; es uno de los países que menos gasto público emplea en vivienda y, sin embargo, su población ha visto cómo el gasto personal en vivienda se incrementaba hasta el 17,4% del gasto total de los hogares al 23% en 2015, el mayor en la Unión Europea.
En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional lanzó en mayo la campaña “Protege tus derechos. Una reforma estatutaria en Castilla-La Mancha para garantizar los derechos humanos” con la que reclama la incorporación en el nuevo Estatuto de Autonomía de mayores garantías de protección de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda. Desde 2013 hasta septiembre de 2016, se han producido en la región, según datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), 3.993 desahucios por impago de alquiler y 5.085 desalojos por ejecución hipotecaria, pero las autoridades no cuentan con datos de cuántas personas se han visto afectadas por estos desalojos, ni cuántas de éstas son mujeres, menores o personas con discapacidad. Desalojos que se han producido sin garantías de protección de los derechos humanos.
Aunque se han dado pasos para garantizar el derecho a la vivienda, con medidas como el establecimiento de una oficina de mediación para los casos en los que podría haber desahucio, aún quedan lagunas importantes para garantizar este derecho. En cuanto al acceso a la justicia, Castilla-La Mancha no cuenta con una ley de vivienda que considere la vivienda como un derecho subjetivo que pueda ser exigido en los tribunales cuando existan violaciones del mismo.
El miércoles 15 Amnistía Internacional Castilla-La Mancha mantuvo una reunión en Toledo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que se analizó de qué forma la crisis del derecho de la vivienda sigue muy viva en España y Castilla-La Macha. No sólo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión.
Amnistía Internacional ha lanzado además la ciberacción “SOS por el derecho a la vivienda” para recabar firmas.
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