La abogada especializada en medio ambiente Pilar Martínez ha denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha incurre en un “caso de arbitrariedad, desviación de poder, abuso del Derecho y fraude de ley” con la normativa que amplía el espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito (Cuenca), bajo el único propósito de frenar la instalación del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos (ATC) en Villar de Cañas, según ha expuesto en el Congreso de los Diputados en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, en el marco de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
A juicio de la letrada, que representa los intereses de la Asociación de Afectados por la Ampliación de las Figuras Red Natura de la Laguna de El Hito y los Ayuntamientos de Zafra de Záncara, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz y Saelices, el ejecutivo castellano manchego no busca “proteger especies”, sino que trata “simplemente de oponerse e impedir la construcción de una instalación nuclear”, en lo que constituye un “uso instrumental” de la normativa medioambiental.
Recuerda Pilar Martínez Abogados que la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito, que pasó de 1.000 a 25.000 hectáreas, incluyendo los terrenos destinados a la construcción del ATC, se produjo apenas dos meses después de aprobarse un Plan de Gestión específico, sin mediar ninguna circunstancia especial que justificara esta decisión, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico de julio de 2015 y Decreto de octubre de 2016, ambos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Un procedimiento, ha expuesto la letrada, que soslaya la “preeminencia de la seguridad nuclear”, que debe ser considerada de “interés público”, y adolece de vicios esenciales que determinan su nulidad. Los informes elaborados por los expertos José Carlos Escudero García, catedrático emérito de Ecología de la facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y doctor en Ciencias Biológicas; y Domingo Gómez Orea, Doctor Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, revelan carencias esenciales en los informes técnicos que avalan la ampliación de la ZEPA e inexistencia de causas de protección real.
En el procedimiento para la aprobación del Decreto 57/2016 no se ha respetado el principio de garantía de la información y participación de los ciudadanos afectados, que han tenido que hacer las alegaciones ad cautelam, y pleitear contra la Administración por considerar dicha ampliación de Red Natura inadecuada, desmedida, perjudicial y derivada de una actuación abusiva y arbitraria, frente a las voces que se oponen a la construcción del ATC.
El procedimiento seguido por el Gobierno de Castilla-La Mancha no contiene la memoria económica necesaria, que prevea un plan de viabilidad económica y de compensación a los intereses afectados de los ciudadanos. En lugar de una memoria económica específica, tal y como requiere la normativa en vigor, se aporta un compendio teórico sobre la financiación de toda la Red Natura de la comunidad autónoma.
A esto se suma que, como dicen los peritos, no figura un mapa de Hábitats de Interés Comunitario, que constituye la base fundamental para justificar y definir la ampliación de la zona protegida, tal y como exige la Directiva Hábitats. De la misma forma, no existe un mapa georreferenciado representando los tipos de hábitats naturales de interés comunitario, una carencia “totalmente inaceptable” en una ampliación de este calado.
Según ha puesto de manifiesto Pilar Martínez, resulta aún más grave que, atendiendo a los informes periciales, en el procedimiento de ampliación se haya tomado como base informes técnico científicos realizados en un plazo insuficiente, de tres meses, y carentes de validez, al llevarse a cabo en el periodo septiembre-diciembre, fuera de la época reproductora de las especies protegidas. La ilegalidad del procedimiento se deriva de la carencia o absoluta inadecuación de los citados informes, muchos desprovistos de fecha y firma o extraídos de estudios de otras épocas o destinados a fines diferentes y posteriormente suscritos por funcionarios.
Como pone de manifiesto el análisis de los prestigiosos expertos, en los estudios que respaldan la normativa autonómica se detecta ausencia de documentación, contradicciones con legislación previa y con censos de especies, presentación de datos incorrecta, incoherencias y falta de elementos esenciales, a los que se suma la carencia de rigor científico y técnico.
A la luz de estos análisis, para Pilar Martínez Abogados el procedimiento del Gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar el espacio protegido Red Natura 2000 Laguna de El Hito está “viciado” de “causas evidentes de nulidad radical”, producto de una utilización instrumental, de la normativa medioambiental para un fin distinto de la protección al medio ambiente, “impedir la construcción del ATC”. Esta postura, manifestada ante el Congreso de los Diputados, es la que el bufete defenderá en los tribunales.