La Diputación de Cuenca ha dado luz verde a una inversión de 1,8 millones de euros para continuar con la recuperación del patrimonio de la provincia. Y lo ha hecho en el Pleno ordinario celebrado este miércoles, en el que se ha aprobado, con los votos a favor de populares y socialistas y la abstención de la única diputada de Izquierda Unida, una modificación de créditos por importe de 1.960.968,64 euros, que se destinará en su mayor parte al Plan de Recuperación de Antiguas Estaciones Ferroviarias (1.139.292,94 euros) y a adelantar la financiación de algunos de los proyectos del Plan de Recuperación, Conservación y Protección del Patrimonio de la Provincia (680.000).
Con esta nueva asignación presupuestaria, la Diputación sigue trabajando en ese ambicioso proyecto de recuperación de siete estaciones de tren (La Melgosa, Palancares, Arguisuelas, La Gramedosa, Yémeda-Cardenete, Enguídanos y Mira) con el objetivo final de diseñar una ruta de unos 87 kilómetros de longitud con la que se busca dinamizar la economía local de esta zona de la provincia en torno al turismo, además de favorecer el afianzamiento de la población en el territorio, tal y como ha afirmado el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto.
La unanimidad tampoco se ha registrado a la hora de abordar las normas del Plan de Obras y Servicios (POS) 2018, que contempla una inversión de casi 9 millones de euros para actuaciones de mejora de infraestructuras básicas de todos los municipios de nuestra provincia. Y es que, tras ser rechazada la enmienda presentada por el Grupo Socialista para incluir en el dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial y Servicios la homogeneización en 12.000 euros de las asignaciones económicas a las pedanías con una población de 1 a 100 habitantes, las normas han sido aprobadas con los votos a favor del Grupo Popular y a pesar del rechazo de socialistas y la abstención de Izquierda Unida.
Unas normas que Prieto ha tildado de “racionales, realistas y justas” y en las que se han introducido una serie de novedades, entre las que se encuentra el incremento en las asignaciones de inversiones a las pedanías de entre 11 y 15 habitantes de 9.000 a 12.000 euros, manteniendo los 9.000 euros para aquellos núcleos de población de 1 a 10 habitantes. Una apuesta, a juicio del presidente de la Diputación, por la racionalidad, que tiene por objeto garantizar que todos los pueblos de la provincia dispongan de unas infraestructuras básicas adecuadas e invertir de una manera acorde a las necesidades de cada localidad.
Muestra de ello ha sido su anuncio de poner en marcha en el presupuesto de 2018 un Plan Especial de Pedanías con el fin de atender aquellas intervenciones más urgentes y necesarias que se quedan fuera de las habituales del POS.
Otra de las novedades de las normas de este año es la retirada de la obligatoriedad de los Ayuntamientos de adherirse a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Medio Ambiente de la Diputación para poder beneficiarse del Plan de Obras y Servicios; algo que ha sido recibido con satisfacción por la oposición, aunque no por ello ha supuesto su respaldo a las normas.
Pero no todo han sido cambios, puesto que también se ha apostado, por un lado, por continuar incentivando que los Ayuntamientos deleguen la adjudicación de las obras a la Diputación con el fin de reinvertir en esos municipios, a través de remanentes, las bajas obtenidas por la institución provincial en las contrataciones y, por otro lado, respaldando de manera especial aquellas obras encaminadas a la eficiencia energética y relativas al ciclo integral del agua rebajando en un 5% la aportación municipal, o las relativas a recuperación de patrimonio histórico y Bienes de Interés Cultural (BIC), donde la Diputación se hace cargo del 100% del coste de la obra.
Convenio de caminos
La unanimidad de todos los grupos sí se ha dado a la hora de aprobar el texto del convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el arreglo de caminos rurales en la provincia de Cuenca.
Un convenio que contempla una inversión de 9 millones de euros, de los que el 50% correrá a cargo de la Diputación conquense (4,5 millones de euros), el 37,5 al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, (3.375.000), el 8,7 a la Junta de Comunidades (787.500) y el 3,75 al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Prieto ha resaltado de este texto final lo mucho que ha cambiado con respecto al primer borrador presentado por el Ejecutivo autonómico, gracias a las aportaciones realizadas por la Diputación en aras de que beneficiara a todos los pueblos de la provincia independientemente de su población. De ahí que finalmente se vaya a contemplar una inversión mínima para todos los municipios, a la que se suma otra cantidad a determinar con arreglo a una serie de criterios, como superficie del término municipal, número de núcleos de población, desempleo o, incluso, despoblación.
De esta manera, tal y como ha remarcado, se va a acabar con esos más de dos años de espera para la firma de un nuevo convenio con la Junta, que permitirá a la Diputación continuar con su firme apuesta de mejorar las infraestructuras básicas de comunicación de todos los municipios de la provincia, como son los caminos, a los que ha destinado en los últimos seis años más de 18 millones de euros.
Unanimidad que, sin embargo, se ha vuelto a romper cuando se ha procedido a la aprobación del destino del superávit del ejercicio 2016 por importe de 6.261.438,80 euros a inversiones financieramente sostenibles, ya que solo ha sido respaldada por el Grupo Popular, mientras que socialistas e IU se han inclinado por la abstención. Tónica que ha continuado a la hora de aprobar la reversión de terrenos, con una extensión de más de 670.000 metros cuadrados, a favor de la Diputación procedentes del Proyecto de Singular Interés ‘Nueva área dotacional El Terminillo’. Un asunto que ha recibido el apoyo de socialistas y populares, mientras que Izquierda Unida se ha inclinado por la abstención.