El Grupo Socialista respeta la sentencia pero no la comparte, pues el plan “fue muy positivo”. Recuerda además que muchos de los consistorios beneficiarios eran del Partido Popular y que sus diputados se abstuvieron “no por estar en desacuerdo con la iniciativa, sino porque pedían que alcanzase incluso a más ayuntamientos”.
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Joaquín González Mena, ha señalado que “respetamos” la sentencia con respecto al Plan de Apoyo Financiero a Ayuntamientos, pero “no la compartimos”. Según ha explicado, esta iniciativa “ayudó a un centenar de consistorios que tenían problemas de liquidez a abonar sus deudas con pequeñas y medianas empresas de la provincia, y salvó además a muchas de éstas, que pudieron cobrar, pudiendo mantener así los puestos de trabajo”.
Sorprenden sobre todo las declaraciones del actual equipo de Gobierno del Partido Popular, que “reniega ahora del plan pero fueron muchos los ayuntamientos en los que gobernaban que pidieron adherirse, en algunos casos incluso por el importe máximo posible”. Subraya además González Mena que en su momento el PP “se abstuvo de aprobar el Plan, pero no por estar en desacuerdo con él, sino porque quería que llegase a más consistorios”.
Así, en el mismo Pleno en el que salió adelante este Plan de Apoyo Financiero el PP presentó dos mociones: una para que se pudiese adherir al mismo el Ayuntamiento de Cuenca -que a priori no podía entrar por no estar en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación- y otra para que pudieran optar a él no sólo los ayuntamientos que tenían facturas por pagar, sino también a aquellos que tenían suscritos préstamos o pólizas.
Para el Grupo Socialista dar a conocer esta sentencia precisamente ahora, dos meses y medio después de que fuese dictada, responde “a la estrategia de lanzar una cortina de humo para intentar tapar la intolerable actitud caciquil de Benjamín Prieto con el director provincial de Economía, Empresas y Empleo”.
Para terminar, González Mena ha señalado que “no es comprensible que el Estado hiciese un Plan de Pago a Proveedores años después y, en cambio, que la Diputación no lo pudiera hacer, cuando tenían la misma filosofía y finalidad”.