El Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca ha mostrado su preocupación por la “deriva judicial” en la que se encuentra actualmente la institución provincial. Y es que son varios los procesos judiciales en los que se encuentra inmersa la Diputación, a tenor de las informaciones y Decretos que manejan los diputados del PSOE.
Para los socialistas, “era de esperar que la actitud dictatorial del señor Prieto terminara derivando en variadas denuncias y demandas, tal y como se está constatando ahora”.
Como ejemplos han puesto los contenciosos-administrativos que se le han interpuesto en contra del Presupuesto del año pasado del Consorcio Cuenca 112 y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ejecutada por el equipo de Gobierno. Puntos ambos sobre los que el Grupo Socialista “ya planteó sus dudas en su momento”.
Sobre las cuentas del Consorcio de bomberos recuerda el portavoz socialista, Joaquín González Mena, que “ya denunciamos que se habían aprobado haciendo caso omiso a un informe desfavorable del secretario”, que entre otras cosas señalaba que no había habido negociación previa con la representación sindical. Por su parte, sobre la RPT, ya avisó el Grupo Socialista que era una “auténtica chapuza” que, además, “se impuso con el consiguiente enfado de los trabajadores de esta casa”.
A estos se suman otros dos contenciosos-administrativos interpuestos por particulares y una demanda de lo social sobre un despido, así como una indemnización de casi 8.800 euros que ha tenido que abonar la institución provincial por responsabilidad patrimonial a un particular y que se ha visto incrementada en unos 350 euros por intereses de demora.
El portavoz socialista ha hecho referencia también al recurso contencioso-administrativo presentado por el PSOE contra las normas del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios (POS) para 2017 “en defensa de los municipios conquenses, especialmente de los más pequeños”, que pierden 102.000 euros con esta convocatoria.
González Mena ha instado así a Benjamín Prieto a que “asuma que no puede actuar de forma despótica y arbitraria, como si la Diputación fuera de su propiedad, porque lo que termina por conseguir es meter a la institución provincial en una maraña de demandas”.