ASAJA convocará movilizaciones tras agotar todas las vías de negociación posibles ante la enorme proliferación de fauna silvestre en la región, acuciada por una incorrecta gestión y control de las poblaciones durante los últimos diez años, y que ya ha provocado incalculables daños en explotaciones de cereales, oleaginosas y leñosos.
Después de años de trabajo de la organización agraria, reuniones con la Consejería de Agricultura del anterior y el actual gobierno, localización de zonas afectadas y propuestas para solucionar el grave problema que sufren los agricultores por los daños que causan la plaga de conejos y otras especies de caza mayor, la situación no sólo no ha mejorado sino que además ha llegado al límite y supone un grave peligro para la seguridad vial.
Es por este motivo, por el que la dirección de la organización agraria propondrá el viernes 3 de marzo a la Asamblea General la convocatoria de movilizaciones, para exigir actuaciones contundentes de todas las Administraciones responsables.
Según ASAJA CLM, ni el Ministerio de Fomento ni Adif han puesto voluntad alguna en limpiar los taludes de las carreteras y principales vías de comunicación, principales zonas donde se propaga la plaga. Tampoco las Confederaciones Hidrográficas han evitado el asentamiento y la propagación de la especie en las riberas de ríos y arroyos que se encuentran bajo su jurisdicción.
La organización, además, considera que las medidas aplicadas no han servido para terminar con la situación, y así se lo trasladó a la Defensora del Pueblo, después de que en 2015 la organización agraria solicitara su intervención, por la situación de vulnerabilidad que atravesaban ya los agricultores.
La Defensora del Pueblo recurrió por dos veces información a la Consejería de Agricultura de las actuaciones llevadas a cabo, medidas que han sido claramente insuficientes y otras que ni si quiera se han cumplido, agravando aun más si cabe el problema, por lo que a instancias de ASAJA CLM, la Defensora del Pueblo continúa con el expediente abierto.
ASAJA CLM considera que la Ley de Caza no garantiza ninguna seguridad a los agricultores y entiende que la gestión medioambiental correcta de esta situación de emergencia pasa por la puesta en marcha de la suma de actuaciones inmediatas por parte de todas las administraciones implicadas.
Para la organización agraria la situación ha llegado al límite y la única opción que dejan a los agricultores ante la vulnerabilidad y la grave injusticia que sufren por este desequilibrio en la naturaleza es la de movilizarse para que las administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del asunto y asuman de una vez por todas su responsabilidad.