El pasado 25 de junio la reforma de la Ley de Montes que el gobierno del PP quiere llevar a cabo pasó la formalidad del debate en el Senado “donde una vez más el Grupo Popular impuso su mayoría absolutista y defendió la modificación innecesaria de una Ley reciente bajo argumentos sin peso ni consistencia jurídica, con mentiras enormes y manifestando un desconocimiento absoluto de la realidad de nuestros montes y de todo lo que los rodea. Todo ello para acomodarse a comportamientos que se adivinan en un futuro próximo como lesivos para el Medio Ambiente, dejando todo listo para que aquellos que siempre han agredido al medio natural puedan volver a hacerlo sin que por ello tengan que responder ante la justicia”, manifestó Abel de Domingo, delegado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) CCOO-Cuenca en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y miembro de la Coordinadora de Agentes Forestales y Medioambientales de CCOO.
El representante de FSC CCOO-Cuenca, que asistió junto a otros compañeros al debate en el Senado, recordó que “habrá una mayor impunidad ante las agresiones a los montes pues se va a impedir que 6.500 funcionarios públicos puedan perseguir tales crímenes, tal y como venían haciendo desde hace más de un siglo los Agentes Forestales y Medioambientales”.
“En el propio debate el PP se ha quedado completamente sólo en sus argumentos, defendiéndose mediante enredos de supuestos informes elaborados por no se sabe quién, pretendiendo que se entendiese que lo que pone el texto no es lo que dice si no otra cosa”, añadió de Domingo.
Lamentaron desde la FSC CCOO-Cuenca que en el caso de la modificación de funciones de los Agentes Forestales y Medioambientales que han introducido en la norma, “todos los argumentos esgrimidos por el resto de partidos, todos los informes y manifestaciones que van desde jueces a fiscales, de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de organizaciones sindicales, de grupos ecologistas, de asociaciones profesionales..., todos, absolutamente todos contradicen lo expresado por los miembros de los promotores de la modificación”.
“Y lo peor de todo es que estas modificaciones vienen impuestas desde el Ministerio del Interior, que marca sus directrices en una norma sectorial como esta con el objeto de militarizar en lo posible la vida civil en todos sus ámbitos”, remató por último Abel de Domingo.