La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Cuenca, Carmen Torralba, lamentó hoy que la apuesta de los dirigentes del PP por nuestra provincia sea convertirla en el basurero nuclear de España. “Para Cospedal y Prieto con el cementerio nuclear estamos más que servidos respecto a inversiones y desarrollo”, señaló.
Torralba hacía estas manifestaciones coincidiendo con una visita más de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a la localidad conquense de Villar de Cañas para comprobar cómo avanza el proyecto del ATC. “Con eso creen que cubren todas las necesidades de nuestra provincia”, insistió.
La presidenta regional alaba ahora las supuestas bondades del ATC, pero siendo jefa de la oposición en Castilla-La Mancha afirmó que "el PP de Castilla-La Mancha considera que no debe instalarse ningún almacén nuclear, temporal o no, o cementerio, en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios" (declaraciones ante los medios de comunicación el 19 de enero de 2010).
Ahora son muchos los colectivos que ponen el acento en los intereses económicos que hay detrás de la construcción del silo nuclear, cuyas empresas adjudicatarias se relacionan con el marido de la presidenta y con otras que figuran como donantes del PP en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.
Un “marchamo de calidad” a la Serranía de Cuenca
En pro del desarrollo de la provincia de Cuenca, Carmen Torralba avanzó que su Grupo pedirá en el pleno de mañana al Equipo de Gobierno que preside Benjamín Prieto encabece la solicitud de petición de geoparque para el Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Una calificación que concede la UNESCO y que supondría un “marchamo de calidad” para esta comarca de la provincia de Cuenca. Se trata, según Torralba, de un proyecto integrador para la conservación del patrimonio natural y cultural que contribuiría a “garantizar el futuro de las gentes que vivimos en la Serranía de Cuenca”.
Para ello habría que aunar la colaboración de la Diputación de Cuenca, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Instituto Geominero de España y los Grupos de Acción Local.