El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca ha emitido un auto en el que ordena la ejecución forzosa de la sentencia que condenó al alcalde Juan Ávila por vulneración de los derechos fundamentales del Grupo Popular, al no proporcionarles documentación municipal como prevé la normativa.
En este auto de siete de mayo de 2014, se declara la obligación del Ayuntamiento a cumplir forzosamente la sentencia firme de 27 de enero, por la cual el consistorio debía facilitar la información en los términos establecidos en esa resolución. A partir de este texto, en caso de incumplimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad, imponer multas coercitivas entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, tal y como recoge el cuerpo del auto.
El juez también indica que “se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”. Esto último, es a juicio del Grupo Popular un hecho muy grave, porque el juez ya habla de la posibilidad que tienen como afectados a presentar una querella por desobediencia, obstrucción a la justicia o incluso prevaricación.
Los populares insisten en que éste es el mejor ejemplo de la nula transparencia que practica Ávila al frente del Ayuntamiento, que ha negado sistemáticamente a la oposición información valiosa sobre su gestión. Una cuestión que han reiterado ya en numerosas ocasiones los escritos judiciales.
Algunas de las cuestiones que no han recibido es la documentación referida al coste de Carretería, el plan de viabilidad de la fábrica de maderas, el borrador de presupuestos de 2014... entre otras muchas que aún no han sido contestadas por el equipo de Juan Ávila.