El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha decretado la nulidad del nombramiento del jefe de licencias que fue recurrido por el Grupo Popular porque se había hecho de forma irregular y sin seguir el procedimiento legal por parte del Equipo de Gobierno de Juan Ávila. Así se recoge en una sentencia de 21 de mayo. En otra anterior fechada el 16 de diciembre de 2013 del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca, ya se estimaba el recurso interpuesto por el PP contra el acuerdo de Junta de Gobierno que aprobó este extremo, declarándolo también nulo. Esta sentencia fue recurrida por los socialistas y es ahora cuando se ha conocido el veredicto definitivo.
El portavoz del PP en el consistorio, Pedro J. García Hidalgo ha afirmado que esta sentencia deja claro que “Ávila nombró a dedo al jefe de licencias de la Gerencia de Urbanismo y no lo hizo conforme a la legalidad”. Además, tal y como ha desvelado Hidalgo, el consistorio no se personó en el proceso a pesar de haber apelado la decisión de la primera instancia. Es decir, “se les olvidó” defender su apelación. Para el portavoz popular, “esta es una prueba del caos absoluto que vive el Ayuntamiento desde que gobierna Juan Ávila”.
Según se recoge en la sentencia del TSJ de 21 de mayo, esta es la razón por la que, la resolución de primera instancia se convierte en firme. El artículo 463.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “si el apelante no compareciere dentro del plazo señalado, el Secretario judicial declarará desierto el recurso de apelación y quedará firme la resolución recurrida”. Y así aparece literalmente en la sentencia como uno de los argumentos principales.
El Grupo Popular ha indicado que esta sentencia condena al consistorio a pagar las costas. “Los conquenses deberán pagar nuevamente el intento de Ávila de enchufar y nombrar a dedo, un hecho gravísimo en el que queda patente la desidia del alcalde, que recurre una decisión judicial y ni siquiera se persona después”.
El portavoz popular ha dicho que este caso es “el colmo” y la mejor prueba del “caos absoluto” que se vive en el Ayuntamiento. Asimismo, ha recordado que ya son innumerables los procesos judiciales que están salpicando la política de personal de Ávila. “Esta es la política de personal que caracteriza a nuestro alcalde, basada en nombramientos de dudosa legalidad que no respetan los derechos de los demás funcionarios y que mantienen en su puesto al Director General de Recursos Humanos condenado por desobediencia y con un sueldo superior a los 75.000 euros”.
A estos hechos se suma además el último que han conocido hace unos días, y es que el consistorio habría pagado gastos judiciales del Grupo Socialista, un hecho que ha motivado que los populares denuncien al alcalde por un presunto caso de prevaricación y malversación de fondos públicos.