Cuenca

Herraiz: “Lamentamos la situación de estas personas pero el Ayuntamiento no es responsable del fracaso de la empresa de los trabajadores de las Casas Colgadas”

Redacción | Viernes 25 de abril de 2014

La concejala de Régimen Interior, Pilar Herraiz, ha acusado hoy al Grupo Popular de “utilizar” a los trabajadores del Mesón Casas Colgadas, que hoy han vuelto a personarse en el Pleno Municipal y que han tenido que ser desalojados por interrumpir la sesión. A este respecto, Herraiz ha recordado que “cualquier ciudadano puede asistir al Pleno, pero la sesión tiene que continuar”.

Herraiz ha recordado, en respuesta a una moción presentada por el PP sobre las Casas Colgadas, que el la oposición “no recurrió el pliego de condiciones y que estuvo a favor de la adjudicación a Manolo de la Osa en la mesa de contratación, como reza en el acta”. Con estos argumentos ha insistido en que el Partido Popular “está manipulando a los trabajadores con fines políticos”.

Asimismo, les ha acusado de “confundir a la opinión pública, haciendo creer que ha sido el Ayuntamiento de Cuenca el que ha despedido a estos trabajadores”. En este punto, ha incidido en que “el Ayuntamiento jamás ha tenido relación laboral con estas personas ni es el responsable del fracaso de la empresa que regentaba las Casas Colgadas y que se declaró en concurso de acreedores, antes incluso de la adjudicación del nuevo contrato, hasta el punto de que el Ayuntamiento tuvo que personarse para poder cobrar lo que se le debía por el alquiler de las Casas”.

Herraiz ha lamentado la situación de las personas que trabajaban para la anterior adjudicataria de las Casas Colgadas, pero ha recordado que el juicio se celebrará el 15 de mayo y ha pedido “respeto y sosiego”

La concejala de Régimen Interior también ha aclarado que el Grupo Popular “no ha hecho llegar al Equipo de Gobierno ningún borrador de contrato en el que se incluyera la subrogación de los trabajadores”, como el PP asegura. Asimismo, ha explicado que la subrogación “tampoco se incluyó en el pliego de 2006” y ha añadido que “informes de la Abogacía del Estado y del Consejo Consultivo para la Contratación Administrativa la desaconsejaban”.