Mejorar la operatividad e implementar las medidas incluidas en el Protocolo de Actuaciones para la Defensa del Profesorado es el objetivo de la actualización que se ha llevado a cabo de este documento, gracias a la cual se optimizará la gestión de los incidentes generados por las agresiones que los profesores de la región puedan sufrir en el ejercicio de sus funciones.
Esta nueva edición del Protocolo es fruto de las conclusiones alcanzadas en las reuniones de la Comisión Técnica de Seguimiento del mismo, en cuyo seno se han analizado los incidentes gestionados durante este año y se ha comprobado la necesidad de aclarar alguno de los puntos operativos e introducir otros, como el de gestión de las consultas de los profesores.
Con esta actualización del Protocolo, llevada a cabo por técnicos del Servicio de Atención de Urgencias (SAU) 1-1-2 y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se avanza en el objetivo de ofrecer a los docentes una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier conducta infractora en los centros educativos.
Para la renovación de este acuerdo se ha llevado a cabo una reunión entre el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, justo cuando está a punto de cumplirse un año desde la firma inicial del Acuerdo de Coordinación de Competencias, realizada entre ambos consejeros.
En virtud de este documento operativo cualquier docente que se considere en peligro ante cualquier infracción, puede llamar al teléfono de emergencias 1-1-2 desde donde se activarán los recursos necesarios para resolver la situación objeto de la denuncia, tras tipificar el incidente como “Seguridad Profesorado”.
Además, desde el SAU 1-1-2 se contactará con la dirección del centro educativo para informar de lo ocurrido y los recursos activados; se comunicará también lo ocurrido a la Unidad de Atención al Profesorado. Una vez se haya resuelto la incidencia, desde la dirección del centro educativo se informará de ello al SAU 1-1-2.
Este Protocolo Operativo de Actuaciones para la Defensa del Profesorado tiene como objetivo hacer efectivas las medidas de apoyo contempladas por la Ley regional 3/2012 de Autoridad del Profesorado.