La senadora del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Marina Moya, ha afirmado hoy, que tal y como se comprometió el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, “el Ejecutivo de España da un paso más para alcanzar la regeneración democrática de nuestro país, con la aprobación de dos pilares clave para mejorar la transparencia de los partidos políticos y de la administración”.
Según ha recordado Marina Moya en rueda de prensa, el Gobierno de Rajoy es el primero que ha legislado por la regeneración democrática, comenzando por reformar la Ley de Financiación de Partidos, por recuperar su responsabilidad penal y por aprobar La ley de Transparencia, entre otras medidas.
La parlamentaria del PP ha explicado cómo el pasado Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los Partidos Políticos para aumentar su control, su fiscalización, su transparencia y sus obligaciones.
Moya ha señalado que las principales medidas que contiene este Proyecto de Ley es la prohibición de las donaciones a los partidos políticos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica; la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito, por lo que las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro; la obligación de que todos los partidos, y no sólo a los que perciban subvenciones, tengan que presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas; y el aumento de las obligaciones de publicidad y transparencia de los partidos, por lo que será obligado que publiquen en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización.
Además, la dirigente del PP ha señalado que se regulará la figura del Responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas; se distinguirán las labores de fiscalización que ha de realizar el Tribunal de Cuentas en los supuestos de partidos perceptores de subvenciones públicas y de los no perceptores; y se obligará a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos a inscribirse en el Registro de Partidos; entre los puntos más relevantes.
Otro aspecto de importancia para Marina Moya, es la regulación de los altos cargos de la administración, con lo que el Gobierno de Rajoy quiere cubrir un cierto vacío legal existente, ya que España no cuenta con un estatuto del cargo público.
Para ello, con esta nueva Ley se exigirán requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos; una declaración responsable para ser nombrado alto cargo; y la regulación del régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese de los altos cargos.
“En definitiva, el Gobierno pretende unificar todas las obligaciones de los altos cargos en un único Estatuto y limitar los nombramientos de altos cargos y sus remuneraciones, reforzando de igual modo la idoneidad y el concepto de honorabilidad”, apuntaba la senadora del PP.
El Gobierno amplía la asistencia jurídica gratuita
La senadora del PP también se ha referido a la decisión del Gobierno de España de ampliar la asistencia jurídica gratuita, garantizando que los más vulnerables no dejen de acudir a los tribunales por falta de recursos, e incluyendo por primera vez a las víctimas de abusos y maltrato.
Moya ha informado que gracias a esta Ley se eleva el umbral de renta para acceder a la justicia gratuita y se amplía a colectivos especialmente vulnerables con independencia de la renta. Una ampliación que incluye a víctimas por violencia de género o de terrorismo, a menores y discapacitados víctimas de maltrato, y a los sindicatos, asociaciones de discapacitados o de consumidores y Cruz Roja, que también tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos.
Además, se previene de posibles fraudes, para lo que se creará un comité de consultas para controlarlos y asegurar que esta medida se aplica de forma homogénea por todo el territorio español.
Como novedad, los beneficiarios podrán elegir sus prestaciones, como por ejemplo, las víctimas de violencia de género podrán decidir si quieren contar con un abogado de oficio o con otro de confianza.