El colectivo No Pagamos publica su cuarto informe de la auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca que está realizando con el fin de señalar qué parte de la misma es ilegítima y debe repudiarse.
En este informe se auditan todos los préstamos que el Ayuntamiento ha recibido para pagar la deuda comercial que mantenía con sus proveedores. En 2009 formalizó préstamos por 13.143.087, 42 € con la condición de aprobar un Plan de Saneamiento que el Ayuntamiento no cumplió. En 2012 los préstamos ascendieron a 24.028.138, 73 € para lo que ha debido elaborar un duro Plan de Ajuste para diez años. El pasado 27 de septiembre de 2013 se acogió a un nuevo préstamo de 8, 9 millones, teniendo que revisar el Plan de Ajuste de 2012. Estos préstamos con sus condiciones han sido siempre aprobados con los votos de los concejales del PP y del PSOE.
El monto total de esos préstamos suma 46 millones. La media de los ingresos corrientes anuales, de 2009 a 2012, es de unos 44 millones de euros.
La razón más importante, y que todo el mundo parece reconocer, de cómo se ha generado esta enorme deuda, es la drástica caída de los ingresos procedentes de operaciones inmobiliarias a partir de 2007. Cuando comienza la crisis y el negocio de la construcción se viene abajo, también descienden los ingresos del Ayuntamiento por este concepto.
Pero lo que se suele intentar tapar a toda costa es que los altos ingresos provenientes de los convenios urbanísticos y de la venta de suelo municipal durante los años del “boom”, a pesar de ser ingresos extraordinarios, se destinaron al gasto corriente, a financiar la actividad ordinaria del Ayuntamiento, creando así un modelo insostenible.
El informe hace un análisis detallado de esta circunstancia desde el punto de vista jurídico:
Por un lado, repasa la Ley de Suelo 1/1992 que establece que el dinero obtenido por los ayuntamientos por medio del aprovechamiento urbanístico y la venta de suelo no debe usarse para cubrir los gastos normales, sino revertir al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y servir para impedir la especulación con la vivienda tal como establece el artículo 47 de la Constitución Española.
Por otro, atiende a las consideraciones del Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca de los ejercicios de 2004 y 2005 realizado por el Tribunal de Cuentas que hace hincapié en la misma cuestión y que menciona la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.
Por último, compara los resultados de los recursos que IU de Guadalajara y Cuenca presentaron contra los presupuestos de 2002 de los respectivos ayuntamientos por no destinar el 10 % de aprovechamiento urbanístico a la conservación y ampliación del PMS. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó al Ayuntamiento de Guadalajara a que consignara ese 10% para el PMS, no hizo lo mismo con el de Cuenca. Al conocer en el año 2005 el resultado del recurso de Guadalajara, PSOE y PP cambiaron por vía rápida la ley regional que regula el ordenamiento urbanístico. El TSJ de CLM se apoyará en esta modificación legislativa para contradecir sus propias sentencias anteriores, así como toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y desestimará el recurso de Cuenca.
El informe aborda también el punto de vista económico-político del asunto.
Lejos de entender que el desfase entre ingresos y gastos y el desvío de los ingresos urbanísticos a gastos corrientes son causados por la negligencia de los políticos de turno, el informe señala como causa económico-política la decisión consciente de actuar de modo contrario a como indica la Constitución, esto es, a promover la especulación y así favorecer los intereses particulares de los que poseen el poder económico para especular a costa de los que no lo tienen.
En pocas palabras, cuando los ingresos derivados de la construcción no se utilizan para frenar el encarecimiento de las viviendas es porque no se quiere. Lo que se busca es la elevación de esos precios para el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría. Y se deja a la burbuja hincharse hasta que explota. Cuando la burbuja ha explotado, lo que ha dejado es un panorama de familias hipotecadas que encima tienen que pagar también las deudas del Ayuntamiento.
Ha dejado familias hipotecadas y muchas amenazadas de desahucio, mientras se rescatan los bancos que la explosión de la burbuja se ha llevado por delante. Se rescatan los bancos y se desahucia a las personas, pero no sólo porque el estado preste a los primeros dinero a fondo perdido, sino gracias a las propias deudas de las administraciones.
Las familias hipotecadas pagan sus deudas, las del Ayuntamiento y, por intermediación de éste, las de los bancos. El caso del Ayuntamiento de Cuenca es ejemplar. Por los 24 millones de euros que recibe en 2012 tiene que pagar cerca de un 6 % de interés, cuando lo bancos recibieron ese dinero del Banco Central Europeo al 1%. El tipo de interés de los casi 9 millones de euros del pasado septiembre de 2013 es del 3, 34 %, pero es que los bancos están pagando por el dinero que les presta el BCE un 0, 25 %.
Hasta el año 2013, se han pagado de intereses por estos préstamos más de 3 millones de euros y todavía estará el Ayuntamiento 10 años más pagando intereses por todo el capital que queda por amortizar (39,5 millones), lo que nos llevará a un gasto financiero considerable. Este enorme gasto en intereses es consecuencia de la mala gestión llevada a cabo en el Ayuntamiento y de los tipos de interés especulativos que la banca privada está cobrando para financiar a las administraciones, con la complicidad del Gobierno.
Hay que decir, por último, que este informe está incompleto. Deja sin responder la pregunta de por qué, cuando los ingresos urbanísticos se vienen abajo, el Ayuntamiento no adecúa sus gastos e ingresos corrientes a la nueva situación. ¿En qué se gastaba el dinero que no se pagaba a los proveedores? ¿Cómo está distribuida la deuda comercial? ¿Qué compromisos habían contraído los responsables políticos que les impedían modificar su política presupuestaria? ¿Qué ilusiones se hacían? Para poder responder a estas y otras preguntas tendría que realizarse una investigación más profunda. Hasta que no se lleve a cabo, no vamos a proponer como deuda ilegítima ni la totalidad ni parte de los 46 millones, aunque el modelo insostenible de gestión municipal que condujo a esa deuda podría considerarse ya una razón suficiente para ello.
Sí consideramos, sin embargo, que, por lo dicho hasta aquí, la parte correspondiente al pago de intereses de toda esta deuda se debería declarar como deuda ilegítima.