Miembros de UPyD, encabezados por la coordinadora territorial Celia E. Cámara, se reunieron en la tarde del lunes 16 de diciembre con el delegado de alumnos de la UCLM Juan Antonio Montero para analizar la situación de la universidad regional y de su alumnado.
Durante la reunión, mantenida en la sede de UPyD en Ciudad Real, el delegado de alumnos de la UCLM expuso la difícil situación por la que atraviesa la institución, ya que es de las universidades públicas que más ha reducido su presupuesto en los últimos años (de unos 250 a 180 millones de €). Montero explicó a la coordinadora de UPyD la falta de financiación para pagar nóminas que sufre la UCLM al recibir en el presente año 103 millones de € por parte de la Junta de los 116 a los que Cospedal se había comprometido. Esta situación genera una dificultad en la contratación de profesorado, lo que en ciertas asignaturas ha provocado que al comienzo de las clases aún no se conociera al profesor titular con la inseguridad que ello conlleva.
Además, el delegado informó que en los últimos dos años se ha reducido la plantilla de la UCLM entre personal docente y no docente en unas 400 personas. También se analizó el impacto que ha provocado la subida de tasas universitarias y la disminución de becas que supondrá la reforma al respecto emprendida por el ministerio de educación. De hecho, las únicas carreras en las que no ha disminuido el número de matriculaciones en este curso han sido 2. Aún así, Montero afirma que el nuevo director general de universidades al menos sí que se muestra dialogante.
Por parte de UPyD siempre se ha defendido una austeridad selectiva, y es que, según Celia Cámara, hay mucho margen de reducción del gasto público en lo superfluo (como puede ser RTVCM que este año cuesta a todos los castellano manchegos 35 millones de € y que no es precisamente ejemplo de la pluralidad que un ente público debe mostrar) e incremento de los ingresos persiguiendo con todos los medios necesarios el fraude fiscal en lugar de amnistiarlo, antes de llegar a recortar en las áreas sensibles del estado del bienestar: educación, sanidad y servicios sociales. La coordinadora magenta afirma que sin embargo, Cospedal ha decidido recortar en las partidas sensibles para mantener lo superfluo.