El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado esta mañana que le ha trasladado al consejero de Hacienda del Gobierno regional, Arturo Romaní, la conveniencia y la necesidad “de aprovechar las próximas semanas, el mes de junio, para acordar un Plan de Choque urgente que beneficie, sobre todo, a las 90.000 familias de la región que tienen a todos sus miembros en paro, tal y como propuso García-Page el 2 de mayo y le reiteró a Cospedal en su reunión del pasado lunes, día 27”.
Se pronunciaba de esta manera Martínez Guijarro tras mantener un primer contacto con el Gobierno en relación a los asuntos tratados el lunes entre Page y Cospedal. Un encuentro, el de este mañana en la Consejería de Hacienda, que el portavoz parlamentario socialista definía de “cordial” y en el que, ha dicho, “el consejero no ha dicho que no a ninguna de las cuestiones que yo lo he planteado”.
La primera y más importante, sostenía Guijarro, ese Plan de Choque ofertado por García-Page para, aprovechando los casi 200 millones de euros de margen en el objetivo de déficit del que va a disponer Castilla-La Mancha, “contratar a 32.000 parados, 10.000 jóvenes, 1.000 profesionales sanitarios y otros 1.000 docentes en Castilla-La Mancha”.
Una decisión a acordar por Gobierno y PSOE en cuya contra no ve “ningún motivo” el diputado regional socialista. “Sobre todo, porque ayer y hoy Rajoy está pidiendo en Bruselas prácticamente lo mismo que ha propuesto García-Page en Castilla-La Mancha: Un plan de Choque urgente contra el paro juvenil”, señalaba.
Y una iniciativa en la que, además del Gobierno de Castilla-La Mancha, debería poner dinero también el Gobierno de España. “Las cifras de paro en Castilla-La Mancha son muy similares a las de, por ejemplo, Extremadura. Y el Gobierno de Rajoy ha aprobado un plan de empleo específico para Extremadura”.
En otro orden de cosas, Guijarro se refería las declaraciones, hechas ayer, por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, diciendo que, si no hay acuerdo entre empresa y sindicatos antes del 30 de octubre, el Gobierno de Cospedal podría liquidar la empresa pública Geacam, dedicada a la prevención y extinción de incendios.
Aseguraba Martínez Guijarro que “si la situación ha llegado a un punto en la que el gerente de Geacam no puede o no se ve capaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos, que sea la consejera, como Presidenta de la empresa, la que negocie. Pero lo que no puede hacer como miembro de un Gobierno es amenazar a los trabajadores y sus representantes”.