CCOO denuncia el ataque al que se está sometiendo a Correos, la mayor empresa pública española con más de 55 mil trabajadores, que se ve presionada por grupos de interés que, obviando el importante papel de vertebrador social que juega y de mayor empleador de nuestro país, lo han puesto en su punto de mira para sacar beneficios y negocio. Detrás de esas agresiones de los intereses privados que presionan para que Correos permita el acceso libre a la Red Postal, se oculta la verdadera intención de captar los nichos rentables del mercado, dejando a Correos la parte deficitaria que conlleva su papel social de prestación de servicio en más de 8.000 municipios, especialmente en el mundo rural. El proceso de liberalización de Correos, impuesto por la Directiva Postal Europea, transpuesta en España por la Ley Postal del año 2010, ha dejado debilitado al operador público al abrir completamente el mercado a los operadores privados nacionales e internacionales sin garantizar la financiación para la prestación del Servicio Público Postal que el operador tiene obligación de prestar en todo el territorio español, sin excepción alguna.
El sindicato ha tachado de desproporcionada e injusta la postura de corporaciones como la Comisión Nacional de la Competencia que centran su atención en sancionar a organismos públicos como Correos y dan entrada a operadores privados cuyo único fin es la rentabilidad económica basada en despidos, recorte de derechos y de salarios. Operadores privados que, además, basan su competitividad en tirar los precios para conseguir concursos públicos con la Administración que luego son incapaces de cumplir sin que reciban una sola sanción.
Para CCOO, detrás de este ataque a Correos hay un escoramiento interesado hacia políticas neoliberales, lobbies, que no hacen más que denostar y rechazar los servicios públicos, tratando de ocultar que España tiene el mercado más liberalizado con mayor presencia de operadores privados, y con el operador público menos protegido de Europa.
CCOO, el sindicato mayoritario de Correos, hará frente ante un ataque tan ideológicamente intencionado y seguirá pugnando por un proceso de liberalización que contemple financiación suficiente a Correos para la prestación del SPU, una regulación del mercado adecuada con descuentos a grandes clientes, acceso a la red postal limitado, moratoria en la aplicación de la factura electrónica, cuidado con el efecto de las sustitución tecnológica, adjudicación de notificaciones a Correos, etc., que le permita desarrollar todo su potencial como operador público y como empresa competitiva en España y en Europa.