El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha pedido hoy al alcalde de Cuenca Juan Ávila y al concejal de personal José Ignacio Nicolás que dejen de atemorizar al personal del Ayuntamiento con motivo de la ejecución de la sentencia que afecta a 24 funcionarios y que anula la Oferta Pública de Empleo de 2007. Según denuncian los populares, el Equipo de Gobierno estaría amedrentando a todos los trabajadores amenazándoles con que este hecho va a tener una posible repercusión en otros procesos selectivos y supondrá cambios en otros trabajadores ajenos a esta sentencia judicial.
El PP lamenta que Ávila, en lugar de solucionar el problema que él mismo creó siendo primer teniente alcalde con una oferta de empleo anulada por los tribunales, se dedique a amenazar a otros trabajadores que nada tienen que ver con esa oferta.
Desde el PP piden también al concejal de personal que estudie los temas de los que habla para que no se note “que no sabe nada de los asuntos de su competencia”, en referencia a la respuesta que dio a los medios de comunicación cuando le preguntaron por la sentencia en cuestión. Los populares recuerdan que el responsable de personal habló de la oferta de 2006 y la sentencia se refiere a la de 2007; y que citó a la Audiencia Provincial cuando se trata del Juzgado de lo contencioso administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de CLM. “Eso le pasa al concejal de personal por ser un “títere” en las manos de quien de verdad dirige el personal del ayuntamiento que no es otro que el Director General encubierto, ese que cobra 75.000 al año”.
El Grupo Popular indica que todos los problemas que en este momento están incendiando el ayuntamiento provienen de actuaciones socialistas. Tanto la oferta anulada de 2007, obra de Ávila como primer teniente de alcalde, como los recursos presentados por el Grupo Socialista en la pasada legislatura están produciendo un clima irrespirable en el consistorio conquense que dificulta el trabajo diario.
Los ediles del PP piden a Ávila que asuma el problema que él mismo creó y que no se invente otros nuevos. Piden tranquilidad al resto de trabajadores porque aunque intenten asustarles vinculando esta oferta con otras posteriores, “nada tienen que ver unas y otras ofertas públicas de empleo” Es la del 2007 que afecta a 24 funcionarios la que es ilegal, la que está anulada y la que esta pendiente de ejecutarse y no otras.
Desde el Grupo Municipal Popular han declarado que la política de personal del Ayuntamiento es una política sectaria y enchufista. Según los populares es en este aspecto de la política municipal donde está depositado el núcleo del reparto del botín del que vienen haciendo gala los socialistas desde que obtuvieron el gobierno municipal. Así, mientras se cesan a funcionarios con una larga trayectoria profesional, o se mantienen paralizados algunos procesos de selección sin causa justificada, aprovechan cualquier resquicio para enchufar a ex altos cargos socialistas en el ayuntamiento y sus empresas. Y ya lo último es amenazar a los trabajadores que han obtenido sus plazas en ofertas de empleo público ajustadas a la legalidad, un hecho intolerable que demuestra el talante de los socialistas.