La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido no interponer recurso ante la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anula el proceso de adjudicación de la gestión de la perrera provincial ya que considera que aporta, según ha explicado el vicepresidente segundo de la institución, Julián Huete, “un marco legal suficiente para iniciar un nuevo proceso”.
Huete destaca que en la resolución el Tribunal estima todos los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, incluido el de que la cuantía del contrato, 300.000 euros, exige clasificación para los contratistas que quieran acceder a él. No obstante, el Tribunal entiende, aunque con mucha cautela y reconociendo textualmente que “la cuestión es ciertamente discutible”, que la falta de desarrollo reglamentario de la nueva ley de contratos, impide determinar fehacientemente el grupo y subgrupo de este contrato de servicios y encuadrar plenamente sus prestaciones por lo que, según doctrina del propio tribunal y dada esta laguna reglamentaria “no resultara exigible la clasificación previa del contratista, sino la solvencia técnica, económica y financiera”.
Huete explica que, además del montante económico, en la Diputación siempre hemos entendido que la clasificación era exigible al tratarse de un servicio en el que se trabaja por la protección de los animales, categorías para las que sí existe grupo y subgrupo. Sin embargo, con muchas cautelas y dudas, el tribunal considera que no debe encuadrarse en esta categoría, por el hecho de que, según dice, “lo determinante del contrato que se examina no sea tanto la protección de ciertas especies de animales como la mejora de las condiciones de vida (salubridad, seguridad…) de los ciudadanos”.
Así las cosas y aún entendiendo que el propio Tribunal, con sus dudas, deja abonado el campo para un recurso, Huete considera que la resolución también “ampara las actuaciones de la Diputación Provincial que, en este caso y como venimos diciendo, no ha tenido mayor interés que el de cumplir las exigencias legales sin imponer condiciones innecesarias”. En este sentido Huete entiende que los intereses de la Diputación Provincial están sobradamente garantizados ya que la resolución recuerda que la clasificación “de lo que exime es de tener que acreditar la solvencia técnica, económica y financiera para las empresas que la poseen y el tribunal remarca específicamente que estos tres requisitos deben estar presentes en el nuevo procedimiento”.