El presidente del Partido Popular en Cuenca, Benjamin Prieto, ha repasado hoy las distintas iniciativas puestas en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy, y que suponen una apuesta y respaldo a las administraciones locales, de las que, ha dicho, “dependen buena parte del bienestar de los ciudadanos”.
En esta apuesta, Prieto ha recordado que el Plan de Pago a proveedores dotado con 10.000 millones de euros ya supuso un espaldarazo a los Ayuntamientos, en situación crítica, y permitió que 115.000 proveedores pudieran cobrar sus servicios y que se salvaran alrededor de 100.000 empleos que estaban pendientes de estos pagos. Un primer impulso al que se suman proyectos como el de la Ley de transparencia, acceso a la Información Pública y el Buen Gobierno o la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que se está negociando con la Federación de Municipios y Provincias y con el principal partido de la oposición.
Respecto a la Ley de Transparencia, Prieto ha destacado que se enmarca en el programa de “regeneración democrática” y está llamada a fijar el marco en el que se facilitará el acceso a la información pública y en el que se establecerán las “obligaciones de buen gobierno y las responsabilidad de los gestores con penas de prisión e inhabilitación a través de modificaciones del código penal”.
Dentro de este mismo paquete, Prieto considera saludable que la ley deje claro el baremo en el que se fijarán las retribuciones de los Órganos de Gobierno de las administraciones públicas, una información que en la actualidad resulta de difícil acceso para los ciudadanos cuando se trata de la administración local.
Finalmente y dentro de estas políticas llamadas a fortalecer a las administraciones locales, Prieto se ha referido a la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, en la que, según ha destacado, se fijarán las competencias de cada administración, diferenciando, en el caso de los Ayuntamientos, los servicios que deberá prestar de manera obligatoria y aquellos que son facultativos en función de la disponibilidad económica del Ayuntamiento.
Esta medida irá acompañada con un control más estricto de aquellos convenios por los que los consistorios prestarán servicios competencias de otras administraciones, con una mayor exigencia a la hora de asegurar la financiación suficiente, por parte de la administración competente, para hacer frente a estos servicios.
Para Prieto, medidas de este calado van encaminadas a luchar directamente con uno de los problemas de la administración actual como es el de la duplicidad de funciones y servicios y tienen como principal objetivo lograr que las administraciones tengan “una estructura sostenible de ingresos y gastos y una provisión más eficiente de los servicios públicos”.
En este punto, no ha querido dejar pasar por alto el papel que pasarán a asumir las Diputaciones Provinciales como las garantes, en última instancia, de los servicios que los Ayuntamientos y Mancomunidades deben prestar a los ciudadanos. Y es que, según la nueva propuesta para la Ley de Bases, las Diputaciones deberán prestar los servicios básicos para aquellos ayuntamientos, menores de 20.000 habitantes, que no puedan acometerlos con sus propios recursos, y de aquellas mancomunidades que incumplan el deber de rendir cuentas o resulten insostenibles económicamente, condiciones que llevarán a su eliminación.