El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, se ha mostrado dispuesto a estudiar la posibilidad de incluir a representantes de los ciudadanos en los órganos directivos de la futura empresa pública del agua de Cuenca. Ávila ha hecho esta afirmación en respuesta a una propuesta del representante del sindicato Comisiones Obreras, durante el transcurso del Consejo Social celebrado esta tarde.
De esta manera, Ávila ha abierto la puerta a que en la Junta General de la empresa pública, integrada por los 25 concejales del pleno del Ayuntamiento de Cuenca, puedan estar presentes también representantes de la ciudadanía conquense y, por tanto, usuarios del servicio.
El primer edil conquense ha asegurado que la propuesta del Ayuntamiento de Cuenca de cambiar el sistema de gestión del ciclo integral del agua a través de una empresa pública ya existente como es SIMc y, por tanto, manteniendo el control público del servicio y del recurso, responde a un objetivo fundamental que es mejorar la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Cuenca, que actualmente es “dramática”. En este punto, ha recordado que sólo la deuda con las entidades bancarias asciende a más de 65 millones de euros, de manera que el Consistorio deberá devolver más de 10 millones de euros en 2013, 10.370.000 euros en 2014, casi 12 millones de euros en 2015 y algo más de 6.110.000 euros en 2016, año a partir del cual la presión disminuye.
Aunque ha reconocido que el Plan de Ajuste contempla medidas para hacer frente a los pagos, hay importantes tensiones de tesorería, es decir, los ingresos previstos no llegan y no hay dinero en la caja.
Ávila ha señalado que, si no consigue generar ingresos extraordinarios en cantidades importantes, el Ayuntamiento de Cuenca tendrá que tomar medidas “drásticas” como recortar servicios o despedir a trabajadores, algo que “no queremos hacer”.
Paralelamente, el alcalde considera que gestionar el ciclo integral del agua a través de una estructura profesionalizada y estable permitirá mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos. En este punto, ha reconocido la labor magnífica que hacen los profesionales, pero ha añadido que “actualmente está descapitalizado y no dispone de los medios necesarios”.
Precisamente, la mayor parte de las intervenciones de los miembros del Consejo, como los sindicatos CCOO y UGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cuenca (FAVECU) o la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras (RACAL), han ido encaminadas a expresar la preocupación por la situación en la que quedarán estos trabajadores y también por una posible subida de las tarifas, que el Grupo Municipal Popular ha cifrado en más de un 50% para que cuadren los ingresos previos en los presupuestos y los previstos en la Memoria.
Respecto a un posible incremento de las tasas, el alcalde lo ha rechazado tajantemente, asegurando que el estudio económico de la Memoria se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los precios que los usuarios pagaran por el agua en 2013, que será de 0,39 euros el metro cúbico, una vez aplicada la subida prevista en el Plan de Ajuste. Más allá de esta fecha sólo se contemplan las subidas equivalentes al IPC.
Aún así, ha aseverado que “será una empresa rentable”, pues se prevé un resultado positivo de explotación de 2.808.324 euros. Unos beneficios que, ha insistido, “serán del Ayuntamiento porque la empresa es cien por cien pública”.
Ha asegurado también que el aumento de los ingresos por la tasa del agua que se contempla en la Memoria no tiene que ver con mejorar la recaudación, por ejemplo cobrando el agua que ahora no se cobra.
En cuanto a los trabajadores, ha dicho que mantendrán su condición de funcionarios, como ha ocurrido con otros trabajadores que en su día se adscribieron a organismos públicos como el IMD o la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.
Algunos consejeros han incidido también en aspectos relativos al trámite administrativo y la necesidad de informar a otras administraciones, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la medida en que puede afectar al Plan de Ajuste. Una cuestión que Ávila ha confirmado asegurando que se elevará la cuestión a todas aquellas administraciones que la ley obligue y ha añadido que espera de todas ellas “un trato justo” y que “no pongan cortapisas” porque “esta operación es clave para el Ayuntamiento.
Un modelo de gestión a través de una empresa pública municipal que no comparten algunas de las organizaciones representadas en el Consejo Social, como Ceoe Cepyme Cuenca, que aboga por la gestión privada; o UGT, que defiende una gestión pública directa. Si bien ambos han reconocido los esfuerzos del Equipo de Gobierno por buscar soluciones a sus problemas de financiación, en el caso de la patronal; y por hacerlo con un planteamiento serio que apuesta por una fórmula que sigue apostando por lo público, en el caso del sindicato.
Por último, tanto el Grupo Municipal Popular como el representante de la Diputación Provincial de Cuenca han puesto en tema de juicio que se haya optado por una empresa pública, aludiendo a la “experiencia que esta región se tiene de la empresas públicas como máquinas de gastar y colocar”. A esta cuestión también ha respondido el alcalde, que ha asegurado que la empresa “se gestionará de una manera eficiente, ya que de la credibilidad de sus números dependerá que las entidades bancarias accedan a formar parte del proyecto, adelantando el canon que la empresa deberá adelantar al Ayuntamiento”.