La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha considerado hoy una “gran medida” la aprobación del Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros el pasado viernes, que incluye la reordenación de los derechos del uso del agua en las Tablas de Daimiel.
En su opinión, “favorece la regularización y la situación que actualmente tenemos en el alto Guadiana y, además, va a permitir que haya un intercambio de derechos entre los productores, que es la mejor manera de regularizar la situación creada en esta zona por parte del Gobierno socialista”.
Así lo ha expresado Soriano tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para asuntos comunitarios celebrada hoy en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde la consejera ha señalado que “el anterior Gobierno no cumplió no cumplió el Plan del Alto Guadiana, ni en el programa ni en los presupuestos, ya que anualmente debían venir a la región más de 500 millones de euros y desde el año 2008 no llegaron ni el 10 por ciento”.
La titular de Agricultura ha subrayado que, con esta medida, se podrá ayudar a resolver los problemas de agua que tienen los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, lo que a su vez no implica un consumo mayor de agua. “Así se lo he explicado a los grupos ecologistas, por lo que no deben tener ninguna reticencia en este aspecto, no significa consumir más agua, sino que aquel agricultor que necesite agua para regar los cultivos que ahora mismo tienen dificultades para ser rentables, recibirá el agua necesaria a través de esos regadíos”.
Pago Verde
Por otro lado, Soriano ha trasladado que en el transcurso del Consejo Consultivo se ha tratado también un aspecto muy importante dentro de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que ha provocado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias, el denominado complemento del pago verde, o greening, Esta medida, a juicio de Soriano, “significaría un recorte del 30 por ciento de las ayudas directas y perjudicaría a 95.000 agricultores y ganaderos de nuestra región”.
Soriano ha destacado la dificultad de cumplir con esta ayuda que, además, reduce la rentabilidad de las explotaciones, por lo que los agricultores tendrán que diversificar sus cultivos, “En este momento esta reducción debilitaría aún más a los productores dentro de la cadena agroalimentaria, porque provocaría una atomización aún mayor del sector primario”, ha señalado.
“Hemos pedido al ministro que, si no se puede eliminar definitivamente el pago verde, al menos que se reduzca considerablemente esta exigencia del 30 de por ciento de ayudas directas ligadas a este requisito y que, por supuesto, se desligue totalmente el pago verde del pago básico”, ha explicado.
En este sentido, Soriano ha solicitado que se flexibilicen los requisitos de este pago verde, “porque ahora mismo hace inviable y poco rentables las explotaciones, ya que incrementan los costes de producción y los agricultores y ganaderos ya están soportando gran cantidad de exigencias y requisitos medioambientales”, ha concluido Soriano.