El sindicato mayoritario de funcionarios, laborales y estatutarios en Castilla-La Mancha contradice las razones esgrimidas por el Gobierno Central para plantear una nueva reducción de salarios a los empleados públicos que estén de baja, lo que en teoría supone la criminalización absoluta del empleado público, que para el actual Ejecutivo parece ser el objetivo preferido de sus medidas de ahorro y el destinatario principal de sus recortes, como si estos fueran el responsable directo del déficit público.
CSI·F Castilla-La Mancha muestra su más absoluta indignación por la publicación de la intención gubernamental de bajar el sueldo a los empleados públicos que se vean obligados a cogerse bajas médicas por espacio superiores a tres meses.
Esta medida, recogida en el Plan de Estabilidad 2012-2015, que el Gobierno ha remitido a Bruselas, contempla un plan agresivo contra los trabajadores del sector público, que enmascaran como un plan contra el absentismo, cuando lo que en realidad están haciendo es criminalizar a los empleados por el hecho de encontrarse enfermos, algo que atenta directamente contra el estado del bienestar y los derechos laborales.
El Gobierno haría bien en ocuparse de los verdaderos problemas de las administraciones, como las duplicidades administrativas, el excesivo nombramiento de cargos de confianza o la excesiva proliferación de empresas públicas, en lugar de seguir presionando a los trabajadores, cuando la clase política sigue gozando de privilegios intolerables.
Nos preguntamos si estas medidas se las aplicarán ellos mismos en el caso de hallarse enfermos, ya que la experiencia en Castilla La Mancha nos hace dudar de ello, pues las Cortes Castellanomanchegas se han autoeximido de cumplir la legislación autonómica a este respecto.
Intentar que los empleados no cobren su sueldo íntegro los primeros 90 días de baja es algo que no encaja en una sociedad moderna y progresista, pues la decisión sobre una baja médica corresponde decidirla a los facultativos, algo que libera de cualquier sospecha a los trabajadores, a pesar de la inquina con la que toma medidas el Ejecutivo contra este colectivo.
CSI·F estará vigilante a conocer más detalles contra esta medida, y no cejará en su lucha para que se deje de atacar indiscriminada e injustificadamente a los trabajadores.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha atrevido a afirmar que “los empleados públicos aceptarán muy bien el plan del Gobierno porque son ellos los que tienen que trabajar más cuando se producen situaciones de fraude”. Sería bueno recordarle al portavoz adjunto que el único fraude que se ha producido es el de las mentiras y el engaño a los empleados públicos desde que el nuevo Gobierno se presentara a las elecciones del pasado 20 de noviembre.