El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desmentido "rotundamente" las informaciones publicadas en varios medios de comunicación extranjeros que apuntan a una probable intervención de algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha. La información se basa en la supuesta imposibilidad de estas regiones para cumplir con los objetivos de déficit, y también en la dificultad de pagar a sus proveedores, así como en la abultada deuda que arrastran.
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reiterar que cumplirá con el objetivo de déficit fijado para este ejercicio, y para ello ya ha puesto en marcha, desde que la presidenta Cospedal tomo posesión de su cargo, en julio de 2011, importantes medidas de ahorro destinadas a corregir los graves desequilibrios presupuestarios en que estaba inmersa la región.
Estas medidas se plasmaron en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, el cual tendrá su reflejo en los Presupuestos de la región que serán aprobados a principios de mayo.
La reducción del déficit es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha, y así queda reflejado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por las Cortes regionales hace dos meses.
La región, además, se ha acogido voluntariamente al mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno central, con lo que saldara la deuda con sus proveedores a mediados de junio.
Castilla-La Mancha ha obtenido además por parte del Gobierno central la autorización de endeudamiento a largo plazo, algo que tenía vetado desde mayo de 2011, y se encuentra en conversaciones con diferentes entidades financieras para obtener financiación. Esta misma semana se ha emitido la primera emisión de bonos desde hace un año por 40 millones de euros y que ha sido suscrita íntegramente por la Caja Rural de Castilla-La Mancha