La careta de “progre del PP” que el propio Gallardón ha venido forjándose durante los últimos años se le ha caído a la primera de cambio como ministro de Justicia, con tanto esfuerzo de hacer méritos ante Rajoy. Ya tuvimos ocasión de apreciarlo tras la comparecencia del ministro, el pasado lunes, en la Comisión de Justicia del Senado, cuando anunció la reforma de la ley del aborto para dar cumplimiento a su programa electoral, al que calificó como “contrato firmado con los españoles”. Poco hace el Partido Popular este planteamiento con la subida de impuestos, el despido libre y barato, la bajada de las pensiones, y otras medidas que están poniendo en marcha y que no se incluían en su programa; a esto, en mi tierra, se le llama mentir y engañar.
Pero el colmo han sido las últimas declaraciones de Gallardón en el Congreso de los Diputados como respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez sobre la intención del Gobierno de recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el marco de la reforma de la vigente ley, afirmando el ministro que “se genera violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”. No me vale que el diputado popular Cervera diga ahora que la posible exageración de lo dicho por el ministro se deba a una dosis de agresividad argumental en la pregunta, a menos que lo que de verdad quiere decir es que el PP no está cómodo en las sesiones de control al Gobierno.
Primero, las formas, y luego, el fondo. Nada más inoportuno que hacer coincidir este planteamiento con la celebración del Día de la Mujer, cuando por primera vez desde hace años no podemos conmemorar esta fecha con avances en el camino hacia la igualdad real y efectiva, ya que en este 8 de marzo de 2012 nos enfrentamos a una batalla ideológica de los Gobiernos del PP contra los derechos de las mujeres. Relacionar aborto y violencia de género es una frivolidad impropia de un responsable político de alto nivel, porque los dos, al menos para las mujeres progresistas, son temas muy serios. Aunque en realidad esto no es casual, ya que “amparados” en su mayoría absoluta, ahora sí que sí, dicen y hacen lo que de verdad ha pensado siempre la derecha más rancia y reaccionaria de este país.
Sobre el fondo. La actual batalla se centra en la reforma laboral que expulsa a las mujeres del empleo y elimina el derecho a la conciliación, en la situación que cada día sufren miles de familias, y por lo tanto las mujeres, con los recortes del estado del bienestar, en educación, en salud y en el cuidado de personas dependientes, y que ahora quiere extender el PP a la eliminación del derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, buscando volver atrás con la ley de supuestos y culpabilizarnos por el libre ejercicio de un derecho.
Los hombres y mujeres de este país hemos visto avanzar en los últimos años, gracias a gobiernos socialistas, la legislación sobre igualdad de hombres y mujeres, a pesar del recurso ‘oculto’ de inconstitucionalidad que interpuso el PP contra la paridad en las listas en las elecciones municipales y autonómicas que establecía la ley, recurso que el Constitucional tumbó en 2008. Normas como la ley contra la violencia de género, la ley de dependencia, el impulso de planes, programas y recursos de atención integral a mujeres, políticas de atención social y rentas para combatir la pobreza o el incremento de las pensiones mínimas, han tenido como fin mejorar la calidad de vida de las mujeres, contando siempre con el esfuerzo individual y colectivo de la ciudadanía y asociaciones en defensa de la mujer.
Y por último, que el PP de Castilla-La Mancha fíe los logros de los derechos de la mujer al último siglo me parece cuanto menos un ejercicio de cinismo, a menos que descuente los años de la dictadura y los 8 de gobiernos de Aznar, donde se produjeron importantes retrocesos en los derechos laborales, sociales y personales de las mujeres trabajadoras de este país. Tampoco es de recibo que el PP reivindique precisamente ahora la igualdad de salarios, cuando la reforma laboral de Rajoy permite la reducción de los sueldos por razones de competitividad y productividad, lo que afectará principalmente a las mujeres, que van a quedar en situación de mayor vulnerabilidad en el empleo.
Las mujeres somos libres para decidir ser madres o abortar, y no queremos que ningún poder impida ninguno de los dos derechos, al contrario, se nos deben garantizar las condiciones necesarias en los dos casos. No aceptamos planteamientos paternalistas que nos muestran incapaces de defendernos y exigimos que lejos de recortar el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, criminalizando a las mujeres que toman la difícil decisión de abortar, el Gobierno asigne recursos para garantizar la igualdad de la mujer a la hora de tomar una decisión tan importante en su vida.
Mª Inmaculada Cruz Salcedo
Senadora del PSOE por la provincia de Cuenca