Junto a la nómina del mes de febrero que los docentes reciben en casa el 6 de marzo, José Jaime Alonso Díaz-Guerra, Director General de Recursos Humanos y Programación Educativa adjunta una hoja con una carta al destinatario. En dicha carta expone tres asuntos, primero que el Gobierno de Castilla-La Mancha está ahorrando en gestión pública y por eso quiere disminuir el gasto en papel y ya nunca enviará las nóminas a casa. Segundo dice que “a fin de garantizar la prestación de servicios esenciales para todos los catellanomanchegos, la Ley de Medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de los servicios sociales es la única opción con la que cuenta Castilla-La Mancha para cumplir con os objetivos de déficit y encaminarnos hacia la recuperación económica y la creación de empleo. Por último agradece la colaboración de antemano.
Desde las Áreas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales de Izquierda Unida en Cuenca se oponen tajantemente al contenido de esta carta oficial punto por punto.
Si el medio ambiente importara a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha temas como el agua, la prevención de incendios, las energías renovables, la no instalación del ATC en Villar de Cañas, la investigación en I+D+i en las facultades de la Universidad, los servicios públicos de limpieza y tratamiento de residuos, el mantenimiento de la calidad del aire, la salud física y mental adecuada de la ciudadanía, entre otros, estarían permanentemente sobre la mesa de los políticos regionales para gestionarlos con sensatez, sin derroches, conociendo y atendiendo las necesidades reales y proponiendo las soluciones más racionales a corto, medio y largo plazo, pensando en las personas y no, exclusivamente, e el déficit que esas personas no han generado.
En segundo lugar si quiere de verdad prestar los servicios esenciales para todos los castellanomanchegos no se deben privatizar los mismos porque si no unos podrán acceder a ellos, quienes tengan más dinero, y la gran mayoría no. No se debe privatizar hospitales ni colegios, ni externalizar la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de los montes ni el agua. Izquierda Unida está convencida de que la peor opción es la que está aplicando el gobierno de Cospedal y de que sí existen alternativas. Hay opciones que piensan en las personas antes que en el beneficio empresarial y en conseguir objetivos de déficit imposibles y absurdos, que nadie ha marcado y que de conseguirlos la ciudadanía volverá a una estado sin derechos básicos, con una desigualdad difícil de paliar, con unos impuestos privativos y sin recursos públicos, es decir, a tiempos de la dictadura franquista, sin que contara nada el voto de la ciudadanía. Se puede crear empelo si se quiere precisamente para atender los servicios públicos de primera necesidad y paliar así los devastadores efectos de esta crisis que nos han impuesto las grandes multinacionales y los gobiernos complacientes de la UE entre los que se encuentra de muy a gusto el de España desde hace años. Así no se sale de esta, más bien se entra más y peor.
¿Cuándo se va a perseguir el fraude, a poner impuestos con una fiscalidad progresiva, a consentir la dación en pago, a aplicar la tasa Tobin, a solicitar a los bancos lo que se le ha dado, a hacer política pensando en la gente y no en los mal llamados “intereses de España”?
Por último IU no colabora con políticas de este tipo que están poniendo en claro riesgo de exclusión a numerosas familias diariamente, es más bien una imposición tipo “ordeno y mando” la que supone esta carta. No aceptamos el uso de las mayorías como si fueran tiranías. Proponemos que den la cara hablando con los colectivos afectados y planteando soluciones con ellos. Todos y todas somos susceptibles de ir al colegio, al hospital, a solicitar una ayuda por muchos motivos. Todas y todos pagamos impuestos. La ciudadanía, compuesta entre otros por las y los funcionarios, sí es responsable ¿para cuándo una clase política a la altura de las circunstancias?