El PP ha puesto a la región en la vanguardia privatizadora de la gestión de los servicios públicos, no sin antes deteriorarlos como marca el manual de una buena privatización: los empleados públicos no trabajan, los servicios públicos cuestan mucho y no se pueden mantener, despidos de personal y finalmente todo parece que viene a justificar que sea una empresa, allegada si es posible, la que acaba haciendo negocio del servicio.
Aunque nos podíamos detener en otros servicios básicos y fundamentales, en esta ocasión me interesa la sanidad, donde el gobierno regional sigue la senda madrileña, a pesar de ser dos regiones absolutamente diferentes en términos económicos, sociales y poblacionales, y las líneas estratégicas de las políticas neoliberales actuales, donde todo se sitúa en el mercado, todo es negocio, la salud también.
La respuesta desde Izquierda Unida está siendo contundente, de rechazo absoluto: participamos en movilizaciones, en las diferentes plataformas creadas contra la privatización de los hospitales de Almansa, Manzanares, Villarrobledo y Tomelloso, y defendemos propuestas alternativas que pasan por la defensa de lo público, lo de todos/as. Somos una fuerza política que rechaza de forma nítida la privatización de los servicios públicos, decimos si a los servicios públicos y a su gestión desde lo público. Es algo que defendemos convencidos y sin contradicciones en el tiempo.
En este sentido no estamos dispuestos a perder la memoria ni a pasar por alto algunos comportamientos de responsables políticos y cargos institucionales del PSOE, que ahora vienen disfrazados de lagarterana y se posicionan contra los recortes y las privatizaciones sin precedentes, eso sí, que aplican los gobiernos populares. Y más que por el pasado, habrá que recordárselo sobre todo por el futuro, si ahora se defiende la no privatización, recuperar la gestión pública cuando se gobierne, si toca, será una obligación ineludible.
Cuando desde Izquierda Unida denunciamos que determinadas políticas de dirigentes y responsables del PSOE han ayudado a las victorias electorales del PP, han traído las políticas que derechas que estamos sufriendo, nos referimos en lo que respecta al ámbito sanitario, y en lo concreto, a lo siguiente:
- Los gobiernos del PSOE ya habían privatizado una parte de la sanidad regional, manteniendo conciertos por importe de 200 millones de euros anuales. A esa cantidad hay que sumar los contratos, que finamente y con afán de despiste denominan de externalización (en realidad una privatización pura y dura), sobre todo de limpieza, lavandería, comida, archivos y otros. Lo que hace ahora el PP es ahondar en la herida e incidir en el desatino, incrementando la privatización, en principio con los cuatro hospitales mencionados, y después con la construcción de los nuevos en Cuenca y Toledo (se calculan unos 250 millones en los primeros y casi 400 en los segundos). Aquí hay una buena tajada.
- Introducir el ánimo de lucro en la sanidad no es algo novedoso y tiene su sustento legal en la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión sanitaria, aprobada en el Congreso de los Diputados por el PP, PSOE, CIU, PNV y CC, con el voto en contra de IU. Esta ley ampara las privatizaciones sanitarias y las hace posible; así lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, señalando en una de sus sentencias que “no hay reparo legal para la utilización del modelo de gestión utilizado para el Hospital de Alcira, destacando que la gestión indirecta mediante concesión no hubiera sido posible en el marco de la Ley General de Sanidad, pero que sí a través de la Ley 15/1997”. En el año 2009 casi 500.000 personas firmaron una petición al Gobierno socialista para la derogación de esta ley, no se dieron por aludidos.
Las privatizaciones que estamos sufriendo en Castilla-La Mancha no tienen precedentes, pero precedentes existen y las herramientas legales que permiten introducir el ánimo de lucro en la sanidad pública, ahí están.
Las iniciativas que ahora se presentan contra la privatización de los hospitales deben ir inexorablemente unidas a la defensa y petición de la derogación de la Ley 15/97. Está más que demostrado que de nada sirve el doble lenguaje habitualmente utilizado por el PSOE, en este caso, critica la privatización, pero la admite, y cuando menos la consiente. Y si sirve para algo, es para facilitar el camino a la derecha política y económica.
Daniel Martínez
Coordinador regional IU Castilla-La Mancha