CSI·F no entra a valorar los resultados de la huelga en la función pública de Castilla-La Mancha. La Universidad ofrece un porcentaje de participación del 9’9%. En la JCCM hay están los datos de la Administración (13’8%) y de los convocantes (40%). Que se convenzan unos y otros que el baile de cifras no engaña a nadie. Tanto ciudadanos como empleados públicos ven con claridad el verdadero alcance y repercusión de la huelga de ayer.
Desde CSI·F consideramos que el resultado de la huelga no es fruto de la gestión del Gobierno de la JCCM sino de la terrible situación económica de muchos empleados públicos que llevan a sus espaldas dos recortes y dos congelaciones salariales en poco tiempo.
Desde CSI·F rechazamos también determinadas actuaciones decimonónicas y trasnochadas producidas el día de la huelga como sellar con silicona alguna de nuestras sedes o violentar con abucheos y pitadas a trabajadores que accedían a su centro de trabajo en el ejercicio de su libertad y su derecho.
CSI·F advierte al gobierno que no interprete que los trabajadores aceptamos estos injustos recortes, seguiremos movilizándonos y pidiendo que no se puede hacer pagar siempre a los mismos. Exigimos que paguen los culpables que nos han llevado a esta situación y que la clase política de ejemplo de austeridad.
CSI·F recuerda que fue el primer sindicato en convocar movilizaciones contra los recortes de Cospedal y el único que lleva semanas considerando y pidiendo que la mejora de la situación de los empleados públicos tiene que llegar vía diálogo y negociación.
También fue el único en no levantarse de la mesa de negociación y reunirse de manera pública con el Consejero para presentar las propuestas y las demandas de los empleados públicos. Desde CSI·F, a pesar de las crítica virulentas y desaforadas que hemos recibido, pedimos que todas, absolutamente todas las organizaciones sindicales podamos sentarnos con la JCCM para evitar nuevos perjuicios a los trabajadores.
En CSI·F no pretendemos quemar la calle ni oponernos a gobiernos ni participar en política; sólo perseguimos contribuir de manera independiente y profesional a defender los derechos de los trabajadores públicos.