El 25 de marzo de 1875 un tal Giner envía por escrito sus protestas contra el decreto y la circular que un mes antes enviara el Ministro Manuel de Orovio. En dichos documentos el Ministro limitaba seriamente la libertad de cátedra de los profesores universitarios. Estamos ante la que ha sido conocida como “segunda cuestión universitaria”. Situación que daría como resultado la separación de las cátedras de Giner y el resto de profesores expedientados.
Poco después, en 1876, estos y otros profesores, con Giner a la cabeza, fundan la archiconocida “Institución Libre de Enseñanza”, germen de muchos de los mejores intelectuales que ha dado nuestro país. Hoy en día basta googlear el nombre de Giner de los Ríos para ver la cantidad de instituciones educativas que rinden homenaje a este maestro de maestros que fue despreciado y vilipendiado por algunos de sus coetáneos.
Me es inevitable encontrar ciertas semejanzas con el caso del juez, perdón, ex-juez Baltasar Garzón, pero siempre me quedará la duda del conocimiento explícito que éste tuvo sobre las posibilidades reales de su condena cuando hizo lo que él consideró necesario hacer. La justicia ha hablado y debemos respetarla, pero ésta también será juzgada por la historia; nadie se escapa a su escrutinio. El tiempo, y la memoria, ponen a cada uno en su lugar. La justicia de hoy bien puede ser la injusticia del mañana, no sería la primera vez.
No es demasiado descabellado pensar que es posible -otra cosa es probable- que los hijos o nietos de los propios jueces que han condenado al señor Garzón, si decidieran seguir los pasos profesionales de sus padres, reciban su formación en algún aula, centro o institución que lleve el nombre del condenado y reputado Garzón.
Con estas líneas no pretendo derrumbar los pilares de nuestro sistema judicial, pero sí hacer uso de mi libertad de expresión para, al más puro estilo cartesiano, dudar sobre la ética del caso. Una ética que no siempre es sinónimo de justicia. Las reglas son las que son, sin duda, pero eso no significa que sean perfectas. Quizá este tipo de casos deberían servirnos para replantearnos ciertos principios éticos y jurídicos pues me pregunto: ¿se ha hecho justicia o se ha cazado finalmente a la bruja? Me pondré el disfraz de demagogo para ejemplificarlo con una hipotética situación.
Imaginemos que un juez da luz verde a la hora de intervenir las conversaciones entre el abogado de Miguel Carcaño y este mismo sujeto porque existen claros indicios de delito –recordemos que él mismo confesó-. No es un capricho del juez. Imaginemos también que es a través de este medio como podemos conocer finalmente el paradero de la añorada Marta del Castillo. ¿Entenderíamos realmente que expulsaran al juez que encargó esas escuchas? Sé que dejo de lado el sentimiento ideológico que, desde mi punto de vista, ha contaminado todo este juicio por ambas partes, pero deberán reconocer que las situaciones son ciertamente similares.
No es que sea tan maquiavélico que defienda el fin por encima de cualquier medio, pero sí que éste debe condicionarlos hasta cierto punto, siempre en función del contexto. Sea como fuere, lamento profundamente comprobar cómo el presente ofrece una puerta trasera a un juez que, en mi opinión, debería salir a hombros, por la puerta grande. Una puerta grande que es más que posible que le reserve la historia que ninguno de nosotros verá. Triste consuelo.
Y es que la justicia tiene más puertas de las que debiera y no son las mismas para todos, si no piensen en el curioso pero significativo debate que se ha producido por el simple hecho de ver cómo entrará el señor Urdangarin a declarar. ¿Arrieros somos?, parece ser que unos más que otros.
José Luis González Geraldo
Facebook.com/joseluis.ggeraldo