Ahora lo llaman “libertad de elección de los padres” al hecho de trasvasar dinero público a la educación y a la sanidad privadas. Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha dicho que es en nombre de la libertad por lo que hacen estas políticas.
No saben qué significa “libertad” y quieren que todos los habitantes de esta región dejemos de saberlo también. No saben que sin responsabilidad no se puede ejercer la libertad, que no se puede optar sin alternativas, sin capacidad de decisión. No saben que el dinero público se debe destinar a cubrir y satisfacer con dignidad las necesidades básicas de toda la ciudadanía. No saben que la inmensa mayoría de los castellanomanchegos viven en poblaciones pequeñas donde el negocio privado de la enseñanza y la sanidad no tienen atractivo para los empresarios y por lo tanto no existe, siendo obligatorio para los políticos tejer una excelente red de centros públicos que lleguen a todas partes, a menos que se pretenda discriminar por el lugar donde se viva, desatender los servicios públicos, empobrecerlos a la vez que se desatiende y empobrece a los ciudadanos.
En realidad quieren, los consejeros y políticos regionales, que los impuestos de las personas de Castilla La Mancha mantengan negocios privados, de sus llamados emprendedores, y así conseguir una clase política privilegiada sin responsabilidades hacia su ciudadanía. Todos los servicios básicos, ya no diremos nada de los no básicos, estarán en manos privadas, subcontratados, subnegociados, subadministrados, subprestados, permitiendo una división de clases propia del siglo XIX y cercana a la España fascistas de la dictadura franquista, en donde quien tenía dinero tenía servicios.
Pero la inmensa mayoría sabemos, y todavía la mala educación pública que pretender implantar en nombre del ahorro no nos ha cegado tanto como para no distinguir cuándo nos engañan de cuándo nos dicen la verdad. La libertad no existe si no hay un buen servicio público que mantenga a toda la ciudadanía en condiciones normales, a partir de las cuales la elección de centros tendría cabida. No se debe optar sin posibilidades de ganar y no perder. La justicia debe legitimar la ley. La política no es un juego de negocios privados. Es la gestión de lo público no su eliminación.
La libertad de practicar unas políticas u otras que han recibido los del PP en las últimas elecciones no pasa por desmantelar los servicios públicos. No es libre el señor Marín de privatizar servicios básicos, esa práctica no es legítima, no le corresponde hacer negocio con lo público, eso es antipolítica.
El día 21 salgamos todos a las calles de las ciudades castellanomanchegas a legitimar con nuestra presencia una práctica política coherente con la democracia legal. CONTRA LOS RECORTES EN LO PÚBLICO. Izquierda Unida Cuenca.