La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha informado de que el Ejecutivo regional aplaza nuevas infraestructuras ante la falta de crecimiento económico del país y ha anunciado nueve medidas de ahorro en la Consejería de Fomento dentro de la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha.
Cospedal ha informado sobre la suspensión de las obras y redacción de proyectos del Instituto del Agua de Castilla-La Mancha, que supondrá un ahorro de 58 millones; la cancelación de las subvenciones a personas físicas y jurídicas para el fomento de las condiciones de seguridad y mejora medioambientales, con un ahorro de 12,5 millones a las arcas regionales y la reducción de las subvenciones para el fomento del uso de transporte público entre jóvenes, con un ahorro de 3,5 millones.
Asimismo, la presidenta regional ha anunciado la extinción de la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias (SIA), con un ahorro de 4,1 millones, así como ha señalado que se ha decidido suspender el proyecto de la Autovía del Júcar “hasta que las finanzas lo permitan” y la modificación de las soluciones técnicas de la Autovía del IV Centenario, entre Granátula de Calatrava y Valdepeñas (Ciudad Real), y de la Autovía de La Sagra, en lo que queda sin construir. La presidenta de Castilla-La Mancha ha señalado que “esto representa un ahorro para 2012 de 38,5 millones y un total de 742 millones que se tendrían que pagar hasta el año 2031”.
María Dolores Cospedal ha informado, igualmente, la extinción de la Fundación Ínsula Barataria, que ahorrará a la Administración pública 1,5 millones de euros en 2012. Además, el ahorro en telefonía móvil será de 300.000 euros.
A través de la resolución del Convenio GICAMAN, se dejarán de construir 800 viviendas protegidas, con ahorro de 4,9 millones de euros y ha informado que, entre las viviendas construidas y las que se encuentran en fase de construcción, habrá un stock de 800 viviendas vacías y por eso se va a suspender temporalmente la construcción de viviendas protegidas.
En este sentido, ha apuntado que el ahorro de gastos es la reducción de inversiones que, en 2011, ascienden a 50 millones de euros y, en 2012, a 134,5 millones de euros.
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