La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha recalcado que el compromiso del Partido Popular a la hora de acometer reformas económicas y de devolver la credibilidad e independencia a las instituciones de nuestro país, “para hacerlas justas, fiables y creíbles”. En este sentido, se ha referido a instituciones como el Senado o los organismos reguladores “que tienen que ser independientes y dirigidos por personas que tengan una profesionalidad, mérito y conocimiento reconocido que no obedezca a criterios políticos”.
Ha sido en el transcurso de su entrevista en la Cadena COPE donde la presidenta ha recalcado que todos los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo de austeridad en estos tiempos, pero “desde el Partido Popular hemos trazado una línea roja en todas las comunidades autónomas donde gobernamos de tal manera que nuestra intención básica es que esa línea roja a la hora de realizar esfuerzos importantes de ahorro no afecte de ninguna manera a los servicios sociales básicos ni a la educación, ni a la sanidad ni tampoco al sistema público de pensiones”.
Al recordar que Castilla-La Mancha junto con Cataluña son las dos únicas comunidades autónomas que hoy no se pueden endeudar, porque el Gobierno de España no les ha autorizado planes financieros por las deudas que dejaron los anteriores gobiernos, ha destacado que los primeros esfuerzos de austeridad los tiene que hacer la propia Administración, como se ha hecho en la Junta de Castilla-La Mancha, suprimiendo una parte muy importante de la estructura administrativa. De ahí que ha recalcado que “si hay que pedirle esfuerzos a los ciudadanos, cada gobierno autonómico debe asumir su responsabilidad”.
Igualdad de trato de todos los españoles
Además, la máxima responsable del Ejecutivo castellano manchego ha abogado por que uno de los principios fundamentales que tenemos que garantizar es la igualdad de trato de todos los españoles, cualquiera que sea la parte del territorio nacional donde vivan.
“En este sentido, la garantía de los derechos sociales y de los derechos que tienen que ver con las prestaciones sanitarias tiene que ser en un mínimo común denominador igual para toda España”, ha subrayado, así como ha mantenido que “hay que establecer una cartera de servicios que vaya más allá de lo que tenemos hoy, que tienen que quedar bien claras cuáles son las competencias de las administraciones sanitarias con independencia de la comunidad autónoma que las esté gestionando”.
De esta forma, ha reiterado que “tenemos bien claro que tiene que haber unidades de criterio básicas en toda España en la prestación de los servicios sociales básicos; porque uno de los grandes avances de nuestra Constitución es la descentralización administrativa, pero entre la descentralización administrativa y en multiplicar el gasto por 17 hay una diferencia. Y todo el mundo tiene que saber que una cosa no es equiparable a la otra”.
Por ello, ha incidido en que “creemos que el mejor Estado y la mejor organización territorial que puede tener España es la de el Estado de las autonomías que consagramos con la Constitución del 78 pero precisamente para que sea viable y para que funcione bien hay que saber qué ha funcionado bien y que no ha funcionado tan bien, este ejercicio de reflexión con seriedad y sin demagogia hay que hacerlo”.
Compromiso con los proveedores
Al mismo tiempo, María Dolores de Cospedal ha afirmado que “vamos a pagar a los farmacéuticos, como vamos a pagar a todo el mundo”, en el sentido que “el PSOE ha dejado una situación de las cuentas públicas que hacían imposible, como han hecho muy complicado nada más llegar el nuevo Gobierno, que todos los gastos a los que tiene que hacer frente la Comunidad Autónoma y todas las deudas a las que tiene que hacer frente el Gobierno de Castilla-La Mancha -la inmensísima de la mayoría de las cuales son deudas dejadas por el anterior Gobierno- fuera posible pagarlas por una razón muy simple, porque no hay dinero”.
Por último, y en referencia a la Fiesta de los Toros, la presidenta autonómica ha recordado que Castilla-La Mancha la ha catalogado como Bien de Interés Cultural y, al ser preguntada por su prohibición en Cataluña, ha insistido en que “hay planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional y vamos a esperar a ver qué dice, porque nosotros no somos partidarios de ninguna manera de restringir la libertad y lo que no se puede es gobernar este tipo de asuntos a golpe de prohibiciones”.