El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido conocimiento a través de un medio de comunicación nacional de las graves acusaciones que lanza el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien miente sobre el impago del IBI por parte del Ejecutivo castellano manchego.
Hasta el momento, ningún órgano recaudador del impuesto ha requerido el pago a través de la vía de apremio a este Gobierno por deudas vencidas durante su mandato.
Las notificaciones de apremio recibidas en la Tesorería de la Seguridad Social, emitidas sólo por el Organismo Provincial de Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete, corresponden a la etapa del anterior Gobierno, ya que el periodo de pago en esa Diputación finalizó el 20 de junio, antes de la fecha de toma de posesión del nuevo Gobierno.
El informe de la Tesorería de la Seguridad Social al que hace referencia Octavio Granado incluye otra falsedad, al señalar que el anterior Gobierno –del PSOE- pagó puntualmente. Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, según los datos disponibles en la Consejería de Economía y Hacienda, el Gobierno anterior, dejó pendiente de pago 1.176.488,18 euros en concepto de IBI. Hasta mayo, sólo abonó 27.180,06 euros, lo que pone de manifiesto que no atendió puntualmente el pago del tributo.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también quiere puntualizar que la Tesorería de la Seguridad Social es la que está incumpliendo sus obligaciones de pago, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Ciudad Real, al que se le deben más de dos millones de euros en concepto de IBI por el Hospital General de Ciudad Real, que no está transferido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En conclusión, la providencia de apremio emitida durante el presente ejercicio se refiere a deudas vencidas durante el mandato del Gobierno anterior.