En apoyo a la movilización convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) [acampadacuenca] se suma a las reivindicaciones que este movimiento social está llevando a cabo. En ellas se recogen varias soluciones a la problemática de la vivienda en España y a la difícil situación de miles de familias desahuciadas o sin oportunidad de acceder a una casa.
Para hacerse una idea, en el primer trimestre de 2011 más de 15.000 familias han sido desahucidas (180 al día) dejando desprotegidas, cada vez más, a una gran parte de la población.
La presentación de la ILP que quiere llevar al congreso la Dación en Pago, es una de estas medidas. Dicha ILP ha sido bloqueada por los políticos desde su presentación en marzo de este año y tras varios meses de tramites han conseguido llevarla a tramite. Esto significa que después de ciertos tramites administrativos en el Senado, la Junta Electoral deberá validar y sellar los pliegues de las hojas de la recogida de firmas. Se realizará una campaña para conseguir las 500.000 firmas que son necesarias para llevar el debate al congreso y permitir que las personas desahuciadas, una vez entregada la vivienda, dejen de tener una deuda con el banco.
Una vez más las herramientas políticas de este país boicotean e impiden que la opinión y poder de decisión del pueblo sea vinculante.
A parte de esta medida, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a expuesto una serie de soluciones al problema de la vivienda en España. La conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social; la realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado; y establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias que impidan otra burbuja, son algunas de las medidas que proponen para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras .
El conjunto de estas reformas, no sólo supondría acabar con una situación injusta, si no que también fomentaría la recuperación económica ya que se reduciría enormemente el gasto social que las personas desahuciadas requieren para seguir adelante.