La grave situación económica obliga a tomar decisiones que puedan enderezar el rumbo de un país con unos niveles de endeudamiento inadmisibles. La obligatoriedad de control del gasto público operada en la reciente reforma constitucional puede convertirse en la oportunidad para establecer un nuevo orden de prioridades, en el que deberían estar preservadas las políticas sociales básicas: educación, sanidad y pensiones.
ANPE lleva mucho tiempo denunciando el insostenible gasto destinado a la duplicidad de administraciones y al sostenimiento de niveles suntuarios de representación. Hemos vivido durante décadas en medio de enormes derroches durante los cuales la educación no ha contado con el respaldo económico suficiente. En los tiempos de bonanza, España mantuvo el porcentaje de PIB destinado a la educación siempre por debajo de la media de la OCDE, y las retribuciones docentes por debajo del IPC.
En este momento de cambio obligado, la educación debería ocupar el primer puesto de los intereses sociales. Sin embargo, estamos comprobando, con tristeza y frustración, que no es una verdadera prioridad. Desde que el presidente del Gobierno adoptó las primeras medidas restrictivas, sus principales destinatarios fueron los funcionarios públicos y, por ende, los docentes, que vieron recortadas sus retribuciones entre un 5 y un 10 % en una decisión sin precedentes. Posteriormente, los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas redujeron sus partidas en educación en un montante superior a los 2000 millones de euros, lo que ha afectado gravemente a programas educativos y a políticas de personal. Un eslabón más en la cadena de despropósitos lo constituyó la última oferta de empleo público, cuya tasa de reposición de efectivos se fijó sólo en un 30%, con el agravante de que en algunas comunidades no se ha convocado ni una sola plaza en este año.
En este contexto, el aumento de dos horas lectivas va más allá del incremento en el horario de los profesores, ya que los centros tendrán que reducir desdobles y refuerzos, recursos para la orientación educativa, apoyos, aulas de enlace, compensatoria y todas las medidas de atención a la diversidad; un recorte que afecta sobre todo a los alumnos con más necesidades educativas, y no contribuye a la lucha contra el elevado fracaso y abandono escolar. Ello trae como consecuencia la supresión de muchos profesores interinos, cuyo número exacto iremos conociendo a lo largo del curso.
Todos estos recortes han provocado la desmoralización y el descontento generalizado del profesorado, agudizado por algunas irresponsables declaraciones de políticos que han frivolizado con la jornada laboral de los docentes y el exceso de vacaciones, haciendo, además, demagogia con la grave situación de los cinco millones de parados. Todo ello ha contribuido a la radicalización del conflicto y al enfrentamiento de los profesores con la sociedad.
ANPE, se movilizará junto al profesorado contra los recortes educativos porque afectan directamente a la calidad de la enseñanza y contribuyen a la pérdida injustificada de puestos de trabajo y al empeoramiento de las condiciones laborales de todo el profesorado, pero lo hará desde su independencia y responsabilidad, alejada de cualquier connotación política, defendiendo siempre los legítimos intereses profesionales del profesorado, pero advirtiendo que no contribuirá la radicalización del conflicto, ni al enfrentamiento político ni a servir a otros objetivos que sean los estrictamente profesionales.
ANPE levanta la voz por la educación como la mejor apuesta para salir de la crisis y exigirá a todas las administraciones públicas que la sitúen - ya de una vez por todas- en el centro de las políticas, llamando a la responsabilidad de los principales partidos para que sean capaces de consensuar también un pacto de mínimos que preserve al sistema educativo de la crisis económica, en la certeza de que la educación de calidad para todos es, sin lugar a dudas, una de las puertas de salida hacia un mejor futuro.
Nicolás Fernández
Presidente Nacional de ANPE