Eso es lo que afirman desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO considera que la reforma de la Constitución para limitar el gasto incidirá directamente en el mantenimiento y calidad de los servicios y prestaciones públicas, en las políticas de impulso económico durante la crisis y en la viabilidad de administraciones pequeñas (sobre todo los entes locales), repercutiendo negativamente en el empleo público, su estabilidad y su profesionalidad.
Para FSC-CCOO, esta limitación va a suponer:
1. La entrega del control sobre las políticas públicas a los "mercados", ya que la incidencia del coste de la deuda es cada vez más ajena a las decisiones de autoridades democráticas, al estar los ingresos cada vez más vinculados a una política fiscal europea centrada en la imposición indirecta condicionada al crecimiento económico y al consumo. Parámetros de la gestión económica que, al menos en periodos de crisis, no dependen de las políticas públicas y condicionan las posibilidades de crecimiento de las economías sin valor añadido en sus productos y servicios.
2. Que el equilibrio de las cuentas públicas solo se produzca, sin otros instrumentos, actuando sobre el gasto. Estas actuaciones se centran, por la rapidez de su impacto, en los gastos sociales, en las medidas de impulso mediante inversión y, respondiendo a las demandas efectivas de los "mercados", en la privatización del patrimonio y los servicios públicos más rentables, como medio de equilibrio de las cuentas públicas.
3. Que la estructura de nuestras administraciones esté condenada a su incumplimiento, a la inacción o a la desaparición de miles de pequeñas de ellas, básicamente ayuntamientos y empresas públicas, con escaso poder de incidencia en sus ingresos y un conjunto de obligaciones de alto coste.
4. Un condicionante para las políticas de empleo público, supeditadas a la calidad de servicios y prestaciones, al exigir medidas de flexibilidad permanentes que permitan adoptar decisiones de gasto a corto plazo. Como consecuencia, se aumentará la temporalidad y externalización de los servicios profesionales asalariados como instrumento de asegurar la máxima flexibilidad en las decisiones a corto plazo y la rebaja de costes directos, modificando las condiciones de empleo y retribución de más de tres millones de personas.
5. Que algunas administraciones dejarán de garantizar servicios públicos prestados mediante subvención, convenio y/o concierto con otras, al depender sus ingresos de decisiones de terceros ajenos y asumir la totalidad de las obligaciones.
6. Que se limiten las estrategias de modernización de la función pública, mediante incentivos adicionales a la formación y cualificación, a la movilidad geográfica o funcional o a la renovación de efectivos, a través de bajas incentivadas, contratos a tiempo parcial o jubilaciones anticipadas con persona de relevo.
7. Que la medida propuesta sirva a la estrategia de las potencias centro europeas, que dejan de lado alternativas de intervención económica y financiera, y a unos "mercados" empeñados en limitar todo lo público y su capacidad de actuación, que accederán a nuevas áreas de actividad mediante la privatización o venta de patrimonio y servicios públicos.
También limita la capacidad de decisión de los poderes democráticos, introduce rigidez adicional en la gestión de las administraciones y excluye del ámbito público de decisión la adopción de políticas anticíclicas, capaces de contravenir los efectos sociales y económicos de las crisis.
Europa necesita medidas de armonización fiscal y estabilidad financiera global, que permitan impulsar políticas anticrisis que combinen el estimulo y el crecimiento económico y el empleo con el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y medidas sociales que amortigüen los efectos de la crisis y promuevan la inserción de los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía.
En cuanto a las formas, la propuesta de reforma constitucional por sorpresa, lanzada por un Gobierno al que le quedan escasos meses de vida, sin que estuviera en ninguno de los programas electorales ni haya sido debatida por la sociedad, sin explicaciones de las graves consecuencias futuras, rompiendo los criterios del amplio consenso constitucional de 1978 (que, recordemos, no abarcaba solo a los dos grandes partidos, UCD y PSOE entonces, sino a la práctica totalidad de las fuerzas políticas y a los agentes sociales) y hurtando a la ciudadanía el debate y la participación directa en una medida de tanta trascendencia. Necesitamos servicios públicos e infraestructuras de calidad para que nuestro país tenga un crecimiento sostenible.
Las medidas draconianas de austeridad dejarán al personal de los servicios públicos sin empleo o con un salario reducido; al tiempo, la ciudadanía tendrá menor acceso a servicios públicos como educación, salud o atención a menores, dependientes y personas mayores. Por último, resulta reseñable que una crisis de deuda que, en el caso español, tiene su origen y fundamento en la deuda privada alentada y jaleada por la banca privada, se trate de solucionar recortando y maniatando la capacidad de las políticas públicas.