El consejero de Empleo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, lamentó que en nuestra región tengamos 1.742 millones de razones urgentes que justifican el encuentro que la jefa del Ejecutivo castellano manchego, María Dolores Cospedal, ha solicitado a la vicepresidenta Económica del Gobierno nacional para conocer el estado real de las cuentas de la comunidad autónoma.
Leandro Esteban, tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta mañana, aseguró que, a pesar de los más de 1.700 millones de euros que la Junta de Castilla-La Mancha adeuda a proveedores, la región tiene un Gobierno capaz de dar soluciones, respuestas y hacer frente a sus obligaciones. “Queremos ofrecer confianza frente a lo que antes era puramente una mentira”, sentenció.
Aquí, Esteban recordó que la urgencia y la prioridad del Ejecutivo castellano manchego pasan por el contenido social, las prestaciones y por los servicios a quienes menos tienen y más lo necesitan. De hecho, anunció que hoy mismo se van a ver satisfechas “más de 2.500 becas con cargo al programa del Sepecam”, además de que “más de 29.000 personas podrán cobrar su mensualidad en relación con las prestaciones reconocidas con la Ley de Dependencia y se podrán pagar de manera inmediata las cantidades que se aportan en concepto del Ingreso Mínimo de Solidaridad, así como las pensiones asistenciales”.
En cuanto la deuda de la Junta de Castilla-La Mancha –que asciende a más de 7.000 millones de euros- el portavoz regional informó de que el Gobierno que preside María Dolores Cospedal pretende que, por vía oficial, se validen los datos que van a poner sobre la mesa la situación de las finanzas de Castilla-La Mancha y, en este sentido, explicó que desde la Consejería de Economía se ha elaborado un informe con los datos que han ofrecido los propios funcionarios que tenían responsabilidades en el área y con ellos se solicitará a la Sindicatura de Cuentas un informe que los valide.
Transparencia frente a mentira
En este sentido, adelantó que dentro de tres semanas, el Gobierno regional tendrá validados los datos que, de manera oficial, se han recabado y además se harán públicos para conocimiento de todos los ciudadanos.
Esteban considera que los más de 1.700 millones de euros que la Junta de Castilla-La Mancha debe en facturas evidencian la urgencia que existe para tomar medidas, así como las discrepancias que existen entre los datos que ofreció el Gobierno anterior, quien dijo que eran 700 millones los que se adeudaban a proveedores. Según el portavoz regional, quienes mejor han entendido la situación son los ciudadanos, que decidieron el día 22 de mayo cambiar de gestores.
El portavoz del Gobierno regional apuntó que “era básico para poder empezar a tomar alguna decisión, saber a qué nos enfrentamos”, por eso señaló que “la situación heredada es difícil”. Pero Esteban, aún reconociendo que “no es fácil de resolver”, destacó que hay margen para la gestión para poder ir tomando decisiones que satisfagan el pago de las deudas.
Por otro lado, el también consejero de Empleo informó de que en unos días se va a pagar la Universidad regional la mensualidad correspondiente al mes de diciembre de 2010 y, en este sentido, insistió en que “poco a poco iremos racionalizando y poniendo las finanzas de Castilla-La Mancha en su sitio”. Aquí, Esteban destacó que, a pesar de datos “duros de digerir” como los 1.742 millones de deuda a proveedores y “las estrecheces”, “ya hemos ido cumpliendo obligaciones de pago”.
Asimismo, Esteban indicó que el Consejo de Gobierno acordó suprimir el órgano de Defensa de la Competencia de Castilla-La Mancha “para evitar duplicidades”. En este sentido, explicó que esta decisión cumple la promesa de María Dolores Cospedal de estudiar y evaluar los organismos, para ver si podían incurrir en duplicidades y, de este modo, continuar con la política de austeridad y control del gasto público de la Junta de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el consejero de Empleo advirtió que los nombramientos que hoy se han realizado en el Consejo de Gobierno se enmarcan “en el ámbito de la reducción drástica de altos cargos, que ha impuesto Cospedal en la política de austeridad y racionalización de los servicios, así como en la mejora de los servicios a los ciudadanos y en el ahorro y la austeridad en el ámbito de la Administración regional”.
Nombramientos aprobados en el Consejo de Gobierno:
- Francisco Ferrero Casillas, como director general de la Función Pública, Calidad de los Servicios y Justicia.
- Eva Carrasco Morales, como directora general de Planificación Económica y Asuntos Europeos.
- José Miguel Benito Notario, como secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
- Francisco Javier Morales Hervás, como director general de Cultura.
- Juan Carlos Martín Martínez, como director general de Deportes.
- Luís Ques Mena, como viceconsejero de la Consejería de Fomento.
- Margarita Torres Rodríguez, como directora general de Carreteras.
- Isidro Javier Zapata Romero, como director general de Vivienda, urbanismo y Planificación Territorial.
- Alfonso Vázquez Varela de Seijas, como director general de Industria, Energía y Minas.
- Daniel Martínez Batanero, como director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
- Javier Gómez Elvira González, como director general de Montes y Espacios Naturales.
- Matilde Basarán Conde, como directora general de Calidad e Impacto Ambiental