A la vista del documento publicado por la Consejería de Educación, desde ANPE nos preguntamos si realmente el gobierno de Barreda quiere otorgar la autonomía a los centros y a sus docentes -algo absolutamente imprescindible para la mejora del sistema educativo- o si se trata de otra medida con la que conseguir protagonismo y desviar la atención de los verdaderos problemas del sistema educativo castellano-manchego.
El documento citado comete el grave y esencial error de no considerar al Claustro de Profesores como máximo órgano de decisión para todas las cuestiones pedagógicas y técnico-profesionales, restando atribuciones al profesorado, verdadero profesional de la educación. Pero entendemos que la autonomía de los centros debe tender precisamente a lo contrario, a dar más peso específico a los CLAUSTROS, asumiendo el equipo directivo el papel de ejecutor de las decisiones tomadas por este órgano. El docente es el alma de todo proyecto educativo y mientras no se le sitúe en el lugar que le corresponde no podremos avanzar en la mejora del sistema.
Diferentes estudios sobre autonomía de los centros demuestran que los países que han hecho una apuesta firme por la misma obtienen mejores resultados en el informe PISA. Pero es claramente simplista establecer la autonomía como la metodología por excelencia para la consecución del éxito escolar sin la aplicación de otras medidas como reducciones de ratios, refuerzos de plantillas, materiales…etc. La autonomía escolar también requiere de estos recursos humanos y materiales. Para ello debe de estar acompañada y apoyada por políticas educativas con una voluntad clara de elevar el índice de esfuerzo inversor, no ligado necesariamente al PIB, ya que éste fluctúa. Hoy día, la inversión en educación continúa estancada, aún a sabiendas de que es un error de gestión política recortar los presupuestos educativos en periodos de crisis.
Para ANPE, en el ejercicio de una autonomía eficaz el profesorado debe ocupar un lugar preferente. Es imprescindible consensuar medidas de reconocimiento, apoyo y valoración de la profesión docente como el desarrollo del Estatuto de la Función Pública Docente, posibilitando una carrera profesional que permita un sistema de promoción vertical y horizontal incentivada, facilitar la formación permanente en los centros, promover actuaciones de dignificación profesional reconociéndoles su condición de autoridad pública, reconocer sus buenas prácticas y mejorar sus condiciones laborales…
Así mismo, desde ANPE entendemos que es necesaria una dirección en los centros más profesionalizada para lo cual la Consejería deberá ofertar la formación adecuada a todos los miembros de los equipos directivos. La capacidad de gestión de los centros también puede ser mayor, siempre y cuando venga acompañada de la descarga burocrática, por ejemplo con la correspondiente dotación de personal administrativo.
Nuestro gobierno regional ya ha dado muchas muestras de imposición intransigente de medidas educativas, como la promulgación unilateral de la Ley de Educación de CLM -sin recoger la mayoría de las propuestas de los docentes-, o la no aplicación del Acuerdo Marco de 2008. Esto nos hace creer que realmente la Consejería de Educación no apostará por la autonomía