Cuenca

CEOE CEPYME Cuenca exige estabilidad regulatoria para la normal actividad de las empresas

Redacción | Jueves 27 de marzo de 2025
CEOE CEPYME Cuenca demanda estabilidad regulatoria para facilitar la actividad empresarial, destacando que los cambios recientes generan costos y complicaciones. Un informe de KPMG revela que el 42% de los empresarios teme riesgos regulatorios. Se solicita a las administraciones un marco jurídico estable y incentivos fiscales para fomentar la inversión y competitividad.

CEOE CEPYME Cuenca exige estabilidad regulatoria para que las empresas puedan desarrollar una normal actividad, y es que estos cambios suponen importantes ajustes y gastos para las empresas.

La Confederación de Empresarios de Cuenca avisa de que los marcos establecidos en los últimos años en este punto se han complicado afectando al día a día de las compañías.

Así lo refleja el informe ‘Perspectivas España 2025’ que ha elaborado KPMG en colaboración con CEOE a nivel nacional, pues los empresarios contestan que los riesgos regulatorios son su principal preocupación en los próximos 12 meses en un 42% de los casos.

Por todo ello se pide a las administraciones que garanticen un marco jurídico y regulatorio estable, algo imprescindible para fomentar la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible.

Riesgos

Entre los riesgos señalan que la fragmentación parlamentaria hace que se compliquen los grandes acuerdos, siendo esta incertidumbre política una de las amenazas de nuestra economía.

Por otra parte, a los cambios en la normativa fiscal y laboral, se suman nuevas obligaciones vinculadas a la ciberseguridad y la sostenibilidad, lo que genera gastos adicionales y obliga a establecer ajustes.

Otras amenazas que captan los encuestados en la eficiencia del gasto público, la simplificación administrativa y una política fiscal que ha incrementado mucho los costes en los últimos años.

En cuando a lo último, las demandas de los empresarios se centran en solicitar incentivos fiscales tanto para la inversión como para la mejora de la competitividad, a lo que se suma la petición de contar con la seguridad jurídica y coordinación fiscal, reduciendo de este momento la carga administrativa y el coste asociado al cumplimiento de las normativas.

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